El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha aceptado a trámite la querella presentada por Meliá, AC Hoteles, Orizonia y Pullmantur contra los antiguos propietarios de Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, así contra la sociedad que lo compró, Posibilitum Business, y su responsable Ángel de Cabo. El ex presidente de la patronal CEOE y su socio tienen una deuda pendiente de 40 millones de euros con las cuatro empresas turísticas.
Según publica El Economista, el magistrado ha observado “la posible existencia de una infracción penal” en la querella, en la que se pone en conocimiento del tribunal un posible delito de alzamiento de bienes y falsedad procesal. De los 40 millones de euros, la mayor parte se adeudan al grupo Orizonia y a Pullmantur. Por su parte, Meliá ha apuntado que su débito asciende a 2’4 millones de euros, aunque lo provisionó en el ejercicio de 2010.
Las empresas querellantes consideran que Díaz Ferrán, Pascual y De Cabo han ocultado expresamente los bienes de los dos ex dueños de Marsans, traspasando los activos de la compañía a Posibilitum. El pasivo de 600 millones del grupo no está incluido en el acuerdo de venta, según el diario económico, de modo que los acreedores no pueden reclamar al nuevo propietario los 400 millones de euros que se les deben.
De nuevo se ha puesto sobre la mesa la tesis que apunta a que Ángel de Cabo gestiona los activos de las compañías que compra en beneficio propio. En el caso de Viajes Marsans, el empresario valenciano habría acordado, supuestamente, vender el patrimonio, entregar un 80% del dinero a Gerardo Díaz Ferrán y a Gonzalo Pascual, y quedarse con el 20% restante.
Los Geos “no tienen nada a su nombre y no lo van a tener, por eso cobran a través de Posibilitum”, han declarado al citado diario fuentes conocedoras del proceso. AC, Meliá, Orizonia y Pullmantur han pedido al juez Velasco que investigue los bienes personales y empresariales de los ex propietarios de Viajes Marsans. Todo el patrimonio de ambos ha sido traspasado y figura a nombre de otros, según se pudo comprobar cuando se intentó ejecutar el embargo contra los activos personales de los denunciados en la causa.
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