El Gobierno, según revela Expansión este jueves, ultima una orden ministerial para ponerle freno al fraude fiscal de los alquileres turísticos que le permitirá intensificar la inspección a empresas como Airbnb, HomeAway, HouseTrip, MyTwinPlace, Only-apartments o Rentalia exigiéndoles mucha más información y llevando un control trimestral de todas sus actividades.
El arrendamiento turístico ha experimentado un auténtico boom en los últimos años y ya cuenta con 513.820 plazas, un 30% más que la suma de los hoteles, los hostales y las pensiones (393.828), según los datos de Exceltur. Hasta ahora, algunas de las principales actuaciones se habían dirigido hacia los propios usuarios, como el aviso lanzado el año pasado por la Agencia Tributaria a más de 21.500 personas que habían alquilado su vivienda a través de estas plataformas, advirtiéndoles de que debían incluir en su declaración de la Renta el dinero que habían recibido.
La orden ministerial que ha preparado el departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria pide la identificación del titular de la vivienda o del derecho “en virtud del cual se cede la vivienda”, si éste es distinto al titular verdadero del piso. Además, se deben identificar las características del inmueble y notificar los detalles concretos de cada una de las operaciones que se realicen: el número de días durante los que el cliente alquila la vivienda y el precio que a cambio paga al propietario.
Esta nueva orden de Hacienda se suma así a la legislación local de ayuntamientos como los de Barcelona, Madrid y las islas, que han planteado topes para frenar el recalentamiento de los alquileres que se ha derivado del boom de Aribnb y plataformas similares. En el Consejo de Ministros del 29 de diciembre, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció su intención de que esta reforma esté aprobada en verano.
Airbnb acababa de hacer pública su guerra contra las OTA al confirmar que ya compite ”al 100%” con las agencias de viajes online, siendo sus principales rivales Expedia y Booking. Este cambio se debe al nuevo abanico de posibilidades que ofrecerá Airbnb gracias, en parte, a la nueva categoría Airbnb Plus, tal y como ya reveló preferente.com (Airbnb sofistica su plataforma mientras Hacienda lanza una campaña de inspecciones)
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No se le puede poner puertas al campo. Son las consecuencias de permitir una actividad económica en un bien social, convertido en mercado, como es la vivienda.
¿Se le va a exigir pagar autónomos al dueño que alquile una vivienda o se va a hacer la vista gorda imputándole la actividad económica a un tercero?
¿Se le va a aplicar los tramos de renta a ese dueño o también se va a permitir imputar esa renta a un tercero que no es el dueño de la vivienda?
¿Se le van a exigir todos los permisos, licencias, estudios, seguros a un dueño de una vivienda que la quiera convertir en "hotel por días" o para él/ella y sus huéspedes no operan las condiciones exigidas con celo a los hosteleros?
¿Nadie ve hacia dónde nos lleva este modelo de desarrollo turístico?
Coches particulares haciendo de taxis, viviendas como hostales, como restaurantes, particulares haciendo de guías turísticos?¿Es ese el modelo de país que queremos y nos podemos permitir?