Este verano por primera vez en la historia en España va a haber más alojamientos “ilegales”, según los hoteleros, que establecimientos propiamente dichos, en una tendencia va a seguir creciendo, pues en Airbnb ha convertido el país en su tercer mercado más importante del mundo con crecimientos anuales del 100 por ciento, según revela okdiario.
Los hoteleros recuerdan que el crecimiento de las plazas hoteleras están limitadas por ley para no perjudicar la calidad de la oferta en las ciudades, algo que no sólo no ocurre con estas plataformas sino más bien al contrario, promocionando el incremento de un tipo de turista que en vez de generar valor añadido envilece todo lo que toca pues son de los que se emborrachan, causan todo tipo de altercados e incluso van desnudos por las calles, apuntan desde el sector de la hostelería.
Además del cumplimiento de las leyes que le piden a las autoridades, pues según el CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, sólo cumpliendo la ley cada habitación de hotel tiene un coste neto de 18 euros al día, los hoteleros plantean seguir apostando por la calidad y el servicio al cliente para fidelizar al turismo prestado, ante el fenómeno de que en las 22 principales ciudades españolas ya hay un 10 por ciento más de pisos para turistas que habitaciones en los hoteles.
Los hoteleros recalcan que los alojamientos como los ofertados por en ejemplo en Airbnb se caracterizan por incumplir las normativas turísticas y urbanas, por no pagar los impuestos correspondientes, por no tener gente dada de alta en la seguridad social y por no contribuir a crear empleo puesto que normalmente es el propietario de la vivienda el que lo hace todo.
Así, además de tratarse de economía sumergida, el ministro de Turismo español, Álvaro Nadal, en una de sus infrecuentes alusiones al Sector (El ministro Nadal: España casi desbanca ya a Francia por cantidad de turistas), reconoció que esta operativa ilegal supone sobre todo un riesgo para la seguridad nacional, pues el propio Nadal recuerda que “los hoteles piden DNI porque saber dónde se aloja cada persona es una cuestión de seguridad nacional”, aunque su Ejecutivo aún no ha dado un paso en regular esta actividad.
No hay derecho. Están sobreocupando el territorio y las infraestructuras de tapadillo, sin haber pedido permiso.
es la ley del low cost.... empezar a multar con 50.000€ los dueños de los pisos así que en una semana acaba el fenómeno de la ilegalidad.