Los controladores acusan al Gobierno de querer tapar el “agujero” de Aena

Palma. 9/12/10.- La Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) en Palma ha distribuido supuestamente en Internet un documento firmado en Palma en el que acusa al Gobierno de haber fabricado la crisis de los controladores para tapar el “agujero” económico de Aena, que, según asegura, tiene actualmente una deuda de más de 12.000 millones y que ha generado unos “intereses diarios de 800.000 euros”.

El documento, difundido en la Red desde hace meses y cuya presencia se ha multiplicado estos días, critica la mala gestión del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, causante –de acuerdo con los autores del texto- de la supuesta deuda del operador público de aeropuertos, ya que antes de su llegada al Gobierno “no sólo no había tenido nunca déficit alguno, sino que siempre había generado grandes beneficios”, según informa elplural.com.

Siempre de acuerdo con el libelo, Usca denuncia que una parte de la deuda de Aena, 3.000 millones, se mantiene con bancos extranjeros y que “poderosas corporaciones estadounidenses y de Reino Unido ya han iniciado acciones para asumir la obligación económica”.

El sindicato Usca asegura que el Estado perderá la titularidad de los aeropuertos con el plan de privatización de la gestión aeroportuaria anunciada por el Gobierno. Según el citado documento, los controladores habrían ofrecido a la comisión negociadora de Aena, en abril de 2009, reducir sus retribuciones un 25%, pero el ente público lo rechazó "por no considerarlo interesante. Nueve meses después, el Sr. Blanco se pavonea diciendo que va a bajarles el sueldo un 25%, como si fuese idea suya”, afirma el texto.

Fuentes del Gobierno han desmentido tales acusaciones y niegan tajantemente que con el plan de privatización del 30% de la gestión aeroportuaria se vaya a perder la titularidad de los aeropuertos. “Los bienes se adscribirán a la nueva sociedad Aena Aeropuertos S. A. que será una sociedad con mayoría de capital público (un 51%). Por lo tanto, los bienes aeroportuarios seguirán siendo públicos, ya que pertenecerán a una empresa pública”, han subrayado.

Tampoco tiene fundamento –aseguran- especular con la entrada de empresas extranjeras, porque varias firmas españolas, como Abertis y Ferrovial, ya han mostrado su interés en invertir en el negocio aeroportuario.

“Cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2004, Aena ya tenía una deuda de 4.500 millones de euros”, explican las citadas fuentes, que precisan que el ente tenía beneficios y los ha seguido teniendo después. “Solo en el año 2009 ha tenido pérdidas como consecuencia de la fuerte caída de ingresos por el descenso del tráfico aéreo”.

De acuerdo con estos datos, Aena “se ha endeudado para invertir en la modernización de su red de aeropuertos y porque su saneada situación económica se lo permitía. En los últimos 10 años ha invertido casi 20.000 millones en las ampliaciones de Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y Canarias”.

A la afirmación de un supuesto embargo de la red de aeropuertos por entidades extranjeras, las citadas fuentes responden que es falso. “El 71% de los 10.000 millones de deuda que Aena tenía en 2009 está contraída con entidades financieras públicas, bien europeas (el Banco Europeo de Inversiones), bien nacionales (Instituto Oficial de Crédito ICO) El resto está suscrito con una entidad alemana, DEPFA, que forma parte del grupo Hypo Real State, empresa que ha sido nacionalizada durante la reciente crisis financiera”.

Según explican las mencionadas fuentes, “Aena no tiene ninguna dificultad para pagar los gastos financieros que genera esa deuda contraída a largo plazo (el periodo medio es 18 años) y a unos tipos de interés muy ventajosos, un 2,94% de media anual. El gasto financiero previsto para 2010 es de 300 millones de euros”.

En el comunicado, los controladores cargan contra el ministro de Fomento, José Blanco, al que califican como “hombre sin estudios”, “ingeniero de la comunicación” y “experto en ocultar y manipular información a su conveniencia, maestro en campañas de prensa, en campañas de difamación, y de acoso y derribo mediático”. También le acusan de favorecer a la compañía constructora Grupo San José, con sede en Galicia, con cuantiosas adjudicaciones. Respecto a estas opiniones, las fuentes consultadas han dicho: “No vamos a contestar. Los insultadores se descalifican por sí solos”.