Canarias pretende regularizar las 150.000 plazas ilegales que se calcula hay a día de hoy en el archipiélago y para ello la nueva Ley de Renovación y Modernización del Turismo, que se encuentra en tramitación, incluye una moratoria de dos años.
Este es el plazo que tienen las plazas que carecen de autorización y los establecimientos sin licencia legalizar su situación siempre y cuando cumplan los requisitos mínimos de calidad en función de su categoría. Transcurrido ese tiempo todos los complejos que no se hayan acogido a la amnistía serán clausurados.
El Ejecutivo canario ha decidido poner en marcha este proceso regularizador después de que la justicia haya echado para atrás la sanción impuesta a varios empresarios del sector por carecer de la pertinente autorización para la explotación turística.
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