Patrimonio Nacional y Unión Naval Valencia, adjudicataria de la gestión del yate Fortuna, tendrán que pagar a medias las indemnizaciones de los 10 miembros de la tripulación despedidos después de que el Rey Juan Carlos renunciara al uso de la embarcación que le regalaron empresarios mallorquines, mayormente del sector turístico.
Tal y como se avanzó hace unas semanas, los trabajadores del Fortuna van a ser compensados con 1’2 millones de euros, a razón de 33 días por año trabajado por empleado. Cada uno de ellos recibirá entre 54.000 y 185.000 euros.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dictado sentencia este lunes, confirmando la indemnización impuesta y que el pago deberá realizarse de manera solidaria entre los dos demandados, el Estado y la concesionaria. Los magistrados han considerado probada la improcedencia de los despidos.
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