La Fiscalía Anticorrupción reclama para el que fuera responsable de la división hotelera de Hotasa, Pablo Ruiz-Mateos, y para su hermano Javier, encargado de las finanzas de la empresa, sendas fianzas de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros por el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos en el que aparecieron dos ‘intrusos’.
Pablo y Javier, imputados en el citado delito de malversación de fondos públicos, han declarado que era su padre quien tomaba las decisiones de los negocios de Nueva Rumasa, al que pertenecía el Hotel Cervantes. Sin embargo la juez Mercedes Alaya entiende que los vástagos de José María Ruiz-Mateos pagaron al exsindicalista Juan Lanzas 600.000 euros como intermediario del grupo para conseguir cada uno de los ERE.
En su declaración ante la magistrada Javier ha indicado que vio a Lanzas en varias ocasiones y que era un colaborador que proponía al grupo negocios que eran “una minucia” para Nueva Rumasa y que cobraba por ello, pero no por intermediar en “ningún ERE”. La juez Ayala por su parte, sostiene que Nueva Rumasa pagó al exsindicalista más de un millón de euros en comisiones por intermediar en cinco EREs del grupo.
Tras esta declaración, algunas fuentes han apuntado a Diario de Sevilla que José María Ruiz-Mateos podría estar ahora en el punto de mira de la juez que barajaría su posible imputación.
Increible que a día de hoy esta gente no esté en Alcalá-Meco o en Soto del Real.