Las Islas Baleares, incapaces de aprobar una gran inversión privada

El Gobierno autonómico de Baleares, como sus colegas del resto de las autonomías españolas, no tiene ni un euro para inversiones. Así, pues, decidió 'vendernos' que promovería las inversiones privadas, aduciendo que ellos sí tenían capacidad para dar a los empresarios la seguridad suficiente para apostar por esta tierra.

No han aparecido muchos proyectos, pero sí al menos uno, que consiste en la reconversión de la zona turística Playa d'en Bossa, de Ibiza, con un montante de hasta 325 millones de euros. O sea, un proyecto que venía como anillo al dedo al Gobierno. Al Gobierno autonómico del Partido Popular, y al ayuntamiento del Partido Popular, y al Consejo Insular del Partido Popular y, probablemente también, al Gobierno de Mariano Rajoy. En este clima de depresión, una inversión así es de las que interesan.

El promotor del proyecto, además, ha declarado que estima que se crearían 3000 puestos de trabajo con este desarrollo, que coincide plenamente con los postulados presentados pro el gobierno.

Sin embargo, el proyecto lleva un año de mesa en mesa, sin que reciba luz verde. Ni luz verde, ni roja. Simplemente duerme el sueño de los justos.

Ustedes quizás puedan pensar que el empresario es alguien que tiene relaciones incómodas con el poder, o que no es influyente, o que no se sabe mover. Pues va a ser que no: un ex-ministro del Partido Popular, ex-comisario europeo, es de los que tienen capacidad para hacerse oír. Abel Matutes, propietario de una de las cadenas hoteleras más importantes del país, no sólo sabe hacerse oír, sino que ya ha puesto el grito en el cielo pidiendo que se agilice esta papeleo inconducente que puede dejar a este país bloqueado. En unas declaraciones dijo que la burocracia “suele crecer como un monstruo hasta acabar devorando la economía de una zona”.

Y no le falta razón.

Matutes sí ha llevado a cabo la reforma de un hotel antiguo, el Don Toni, que reabrirá como el primer Hard Rock Hotel de Europa, tras inyectar 50 millones de euros.

Matutes insiste en que su plan para invertir 325 millones de euros incluye la remodelación de otros hoteles desfasados, construir un hotel de 18 hoyos, crear un club deportivo, un centro comercial, una urbanización, zonas verdes y otras instalaciones. Todo a rebufo del éxito de algunos de los hoteles, asociados a la música y de la que el empresario es el motor.

A todo esto, ¿qué dice el Gobierno? El propio Matutes lo resume: es necesario más que palabras de apoyo, dice el ministro, que obviamente no quiere tensar demasiado la cuerda.

O sea que el panorama, resumido es el siguiente: un hombre cercano al poder, presenta un proyecto privado para que sea aprobado, que cumple perfectamente todos los requisitos que se piden en materia de crear empleo, regenerar una zona degradada, etcétera; el propio Gobierno dice hasta la saciedad que su filosofía es la de impulsar la iniciativa privada (habida cuenta de que no tiene ni un euro para invertir) y no son capaces de sacarlo adelante. ¿Se puede tener mayor sensación de impotencia? ¿Existe algo más desesperante que una Administración pública atada de pies y manos en su legislación barroca, enredada y ridícula?

Esto es lo que sucede en medio país: la legislación ha tendido a concebirse no para ser eficaz, sino para dar ruedas de prensa en las que se susciten aplausos. Por eso se imponen exigencias y exigencias totalmente innecesarias pero que quedan estupendamente a la hora de ser presentadas. Como hoy en día los funcionarios están asustados por la actuación policial y judicial en relación a la corrupción, como no existe ningún tipo de objetivo interior a cumplir en materia de velocidad y calidad de las tramitaciones administrativas, entonces los proyectos se mueren en un cajón, mientras los millones de euros corren el riesgo de marcharse y los puestos de trabajo de esfumarse.

Lo siento por Matutes, pero sería fantástico para este país que su caso fuera el único. Pero no es así: toda la administración autonómica está bloqueada por la inoperancia del sistema. En Baleares, en concreto, se solapan cuatro niveles funcionariales (municipal, insular, autonómico y estatal), igual de indolentes, reglamentistas y desidiosos, que compiten en crear obstáculos a cualquier muestra de dinamismo empresarial.

Obviamente, la conclusión es que invertir 325 millones de euros en este país para mejorar los hoteles es algo prácticamente imposible. Incluso con el apoyo del poder público. Qué drama.