La recogida de más de 16.000 firmas y las numerosas apariciones públicas de la Plataforma para la Regulación del Alquiler Vacacional han despertado el interés del Gobierno de Canarias que hasta el momento había hecho oídos sordos a las reiteradas peticiones de los propietarios afectados por la situación de alegalidad.
La reunión ya está fijada para el día 13 de mayo, fecha en la que Paulino Rivero, presidente del Ejecutivo regional se reunirá con miembros de la plataforma, con su presidenta, Doris Borrego, a la cabeza, quien ha manifestado su satisfacción por este primer acercamiento.
Según afirman diversas fuentes, el Gobierno canario estaría tanteando a la ciudadanía con el fin de tomar una decisión al respecto. Ya los hoteleros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con Jorge Marichal, presidente de Ashotel a la cabeza se han manifestado rotundamente en contra de que se regularice la situación del alquiler vacacional, si no es en las mismas condiciones fiscales y otros requisitos legales obligatorios para quienes ostentan los hoteles.
A pesar de la voluntad de Rivero de escuchar a todas las partes, según ha comentado en varios foros, entre las que se incluyen las patronales y los propietarios de casas rurales, no ha dudado en calificar la actividad como “competencia desleal” y ha afirmado que se trata de “economía sumergida” y que es un problema público porque “no pagan sus impuestos”.
Por su parte, Borrego ha aportado nuevos argumentos en defensa de la regulación del sector: “Los touroperadores que ofrecen estas viviendas desde hace décadas y las grandes plataformas en internet que incluso se llegan a publicitar en televisión y que son intermediadores, según la normativa existente, no sufren la no regulación de la misma manera que los propietarios”.
Asimismo, la portavoz de la plataforma ha indicado que de los paquetes turísticos convencionales contratados por los TTOO, el 70% del gasto queda en origen, y solo un 30% son ingresos para las islas.
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si todo esta reglamentado y controlado, porque no optar a un alojamiento vacacional en régimen de alquiler y con todas las garantías que exija la ley
en las costas de la Peni. existen miles de inmobiliarias con su apit correspondiente que llevan años trabajando este tipo de acomodación y sin problemas.
Todos no podemos o queremos pernoctar en hoteles y nadie me puede limitar mi libertad de poder optar.-
Sólo hace falta un marco regulatorio para garantizar unos estándares de calidad. Hace falta incluir expresamente este tipo de viviendas entre las legalizables para que puedan ejercer esta actividad en un marco legal que garantice una tributación conforme a su rentabilidad. Eso, lejos de ser una competencia desleal, serían (lo son, pero en una marco de alegalidad, sobre todo tras la publicación de la ley 4/2013) una fuente de riqueza y de trabajo, que en estos tiempos de crisis, son casi palabras sagradas. Su regulación y autorización supondrán de hecho una nueva actividad económica que, obviamente, supone una nueva fuente de generación de impuestos.