¿Quién sanciona al Gobierno y al ayuntamiento por el caos de Magaluf?

Se caza antes a un mentiroso que a un cojo. Y más si ese mentiroso es la Administración pública, con suproverbial desorden. A medida que pasan los días, empieza a emerger el verdadero culpable del caos en Magaluf (y en otras tantas zonas turísticas españolas, en las que no hay ley). Mejor, para que ustedes mismos se hagan a la idea, narramos los hechos en su evolución lineal.

Primer momento. Tras conocerse el vídeo de las felaciones famosas, la reacción inmediata fue la de asegurar que “se trata de hechos aislados”, que allí todo es pío y casto y “¿cómo puede ser que suceda algo así, si lo tenemos todo controlado?”. Como verdaderos caballeros, nadie atacó a nadie. El presidente de los hoteleros de la zona parecía acusar a las redes sociales de difundir algo que en realidad no era gran cosa, si es que existía, porque para él incluso podría ser que no hubiera habido nada. Quien no conociera Magaluf, debería alucinar.

Segundo momento. Horas después, la segunda reacción es que “no sabremos si tendremos legislacióncomo para actuar”, dando a entender que aquello lo tenemos totalmente trillado y que claro, sólo con poderes especiales podremos parar lo que se denuncia ahora, que nos pilla de nuevo, que nunca antes había ocurrido. Por eso, todos se lanzaron a investigar (léase, saldrán del despacho, apenas baje un poco esta calor insoportable).

Tercer momento. Sin que supusiera mucho trabajo de investigación, la prensa desvela que hace años que no selleva a cabo inspección alguna en la zona, lo cual es obvio para cualquier profano. No, no es que haya habido pocas inspecciones, sino cero. En tres años, cero.

Cuarto momento. Se envían inspectores que, como era de esperar, se ponen las botas. Allí no es que haya que controlar si hay menores, es que muchas empresas son cien por ciento economía sumergida, no están registradas, carecen de altas en cualquier institución, etcétera. No hay que investigar, es que aparece el inspector y sale todo el mundo corriendo y dejan el chiringuito sin jefe. Lo que nos hubiéramos imaginado viendo aquella selva, pues es verdad, una vez que llegan los inspectores no queda nadie.

Quinto momento. Acusaciones. Todos estaban sorprendidos, pero ahora el Govern, que tarde y mal, finalmente ha enviado inspectores, empieza a señalar su dedo acusador contra el ayuntamiento, por no hacer nada. O, como dicen,“para que haga cumplir la normativa”. Hombre, yo lo diría más claro: para que un día se den un paseíllo por el lugar. ¿Se acuerdan de aquel alcalde que decía que “trabajamos mucho”? Supongo que quería decir que “llevamos años trabajando en la búsqueda de los borrachos de Magaluf”.

Sexto momento. El ayuntamiento reacciona de dos maneras: por un lado, dice que a ver si con tanta inspección nos va a pasar como en un lugar perdido de Grecia, que terminaron por echar a los turistas. Al mismo tiempo, una inspección municipal no tiene más remedio que cerrar por un año a la empresa organizadora de las felaciones.

Conclusión. Aquí sólo hay un culpable, como destaca Ignacio Vasallo en una entrevista en la prensa balear: la desidia de la Administración pública. Una desidia extremadamente grave porque sólo el poder público puede hacer cumplir las leyes, cosa que los particulares tenemos vedado; porque el poder público está financiado por los ciudadanos para ejercer la autoridad, sin que en este caso hayan aparecido.

Esta patética situación me hace acordar los controles de velocidad en las calles de algunas ciudades, que tienen lugar de lunes a viernes en horario de oficina, sin que lleguen nunca a pillar a los borrachines de las discotecas. ¿Hay que cambiar las leyes? No, hay que tener una Administración que tenga el decoro mínimo de salir de los despachos, de dejar de pisar moqueta, de tener vergüenza.

¿Quién asume la responsabilidad por la total degradación de nuestro turismo durante años? Porque no nos engañemos: esa oposición indignada también es culpable porque ahora se limita a leer la prensa y mostrar su sorpresa, cuando ha callado cuando debía de haber llamado la atención, porque debía de haber sancionado cuando gobernaba.

Este es el poder público que tenemos en este país. Inexistente. ¿Para qué tanta discusión sobre qué deben decir las leyes, si en la mayor parte de los casos bastaría con pedir el DNI a los folloneros para comprobar que están en búsqueda y captura?

Mi pregunta es ¿quién sanciona ahora al Gobierno y al ayuntamiento por su desidia?