Atónitos y paralizados ante la ola de corrupción

Mientras usted lee estas líneas, algunos policías locales de zonas turísticas de Mallorca, incluidos los máximos jefes, están en prisión esperando a que un juez aclare su futuro. Cada día aparece una noticia nueva que confirma el aspecto lamentable que muchos intuían en relación con la salud del mundo del turismo. Las redadas continúan a diario, destapando más y más basura referida a chantajes, prostitución, amenazas, sobornos, etcétera.

Un empresario implicado en todo este lío como denunciante indicó en una entrevista a Ultima Hora, un periódico de Palma de Mallorca, la razón por la que Magaluf es una zona sin ley: “Hay demasiado dinero en juego”. Así de simple. Olvídense del mercado, olvídense de precio-calidad. Aquí se trata de echar al otro al precio que sea, para quedarse solo delante de esos miles de turistas con dinero, muchos totalmente descerebrados.

Nada, absolutamente nada justifica la corrupción ni de los políticos ni de los funcionarios. Pero cuando lo que tenemos es un abismo económico entre los salarios de unos y los beneficios de otros, el riesgo es comparable al de acercar una cerilla a un bote con gasolina de aviación. Esto es lo que ha ocurrido y ocurre en nuestras zonas turísticas, sin que hasta el día de hoy nadie haya inventado un mecanismo que permita atenuar estos riesgos.

Un empresario importante, sin desmentirme en ningún momento su vinculación personal con este tipo de prácticas, me comentaba que el uno por ciento de cualquier inversión turística importante es el salario de varios años del alcalde o de cualquiera de los concejales, técnicos urbanísticos o personal auxiliar.

Otro me decía que lo que frecuentemente piden algunos es que pongamos de un lado una mina de oro, del otro a un conjunto de empresarios avariciosos y, sin ningún mecanismo de control, les digamos que no pasen una línea imaginaria que trazamos en el suelo, para preservar aquel patrimonio. ¿Nos explicamos por qué tenemos Algarrobicos, aeropuertos sin aviones y policías locales detenidos por no haber visto jamás el tráfico de drogas?

Decenas de zonas turísticas españolas están en esta situación. Lógicamente, sólo la cháchara barata de los políticos puede hablar de estrategias o políticas públicas en estas zonas. Aquí no hay estrategias, aquí hay selva. ¿Qué ofrecemos? Lo que la codicia de nuestros empresarios y la corrupción de nuestras autoridades permite ofrecer. O sea, cualquier cosa.

¿Cómo deberíamos hacer las cosas para que nuestras zonas turísticas no se conviertan en territorios sin ley, como evidentemente sucede cada vez que sus policías, sus funcionarios o sus políticos son detenidos por corrupción?

En primer lugar, no podemos actuar como hasta ahora, ignorando deliberadamente lo que ocurre. Nadie medianamente informado duda de que como mínimo tenemos un gran riesgo a nuestras puertas pero, sin embargo, nadie habrá visto iniciativa alguna para regular de otra forma nuestra política y servicios públicos locales.

En segundo lugar, parece evidente que uno de los grandes problemas es dejar en manos muy poco profesionales cuestiones de gran responsabilidad, como la seguridad, el urbanismo, etcétera. Esto nos hubiera debido llevar a la creación de organismo supramunicipales que gestionen estas áreas, con un contacto más reducido con el entorno, con una cualificación más alta y, sobre todo, con mecanismos de control más rigurosos.

En tercer lugar, si no se reordenan las competencias, se debería revisar la autonomía municipal en los casos en que los negocios o la actividad que se genere en un determinado territorio supere ampliamente lo que era tradicional en ese ámbito. Todos sabemos lo que ocurre cuando un municipio rural, en el que nadie había reparado, se convierte en una mina de oro. Y sin embargo, nadie intenta crear mecanismos que corrijan las evidentes disfunciones.

Si todo esto fuera poco, la estructura de nuestras instituciones es tan complicada que terminan por quedar atadas de pies y manos. En las islas, los municipios no tienen interlocución con la autonomías sino con los consejos (en Baleares) o con los cabildos (Canarias). Así, pues, estamos introduciendo más y más capas administrativas, susceptibles de tener diferentes colores políticos, generando una maquinaria que tiene como norma su bloqueo, su parálisis.

En Baleares, donde ha habido un alud de casos de corrupción en los últimos años, la parálisis se traduce en que los funcionarios tienden a no firmar aquellos asuntos que no consideran totalmente claros. Dado que la legislación casi siempre es incumplible, el bloqueo se convierte en algo normal. Así, por supuesto, es imposible tener una administración pública eficaz que aborde problemas del calado de los que hemos mencionado más arriba.

Por lo tanto, por el momento sólo nos queda la Justicia, y todos sabemos que también está integrada por personas no excesivamente bien pagadas.