Baleares añade un 33 por ciento más de plazas turísticas

Las cosas normalmente funcionan así: primero se anuncia un cambio; después alguien advierte de que eso puede ser peligroso para el futuro –lo cual suele se contestado con la acusación de 'agorero', opuesto al avance, etcétera–; en un tercer paso, alguien se atreve a cuantificar los daños que ocurrirán si las cosas avanzan como se anunció y, finalmente, se empieza a constatar que, efectivamente, estos daños son reales. Pero para entonces ya es tarde.

     Así está sucediendo en España, con una parte trascendental del turismo: primero se anunció la aparición en el mercado de miles y miles de viviendas para uso turístico; después alguien dijo que eso podía ser peligroso, que podría suponer la pérdida de mucha actividad económica en los sectores económicos tradicionales. Y ahora estamos en el tercer paso. Una consultora, Ernst & Young, ha hecho un estudio de qué impacto podría tener esta medida en materia de empleo y de impacto económico.

El estudio acaba de publicarse y afecta únicamente a las Baleares, territorio en el que las viviendas vacacionales están teniendo un impacto importante. En estas islas, donde algo más de 30.000 personas trabajan directamente en el sector del alojamiento turístico, el impacto podría estar entre 5.000 y 13.000 empleos. Es decir, señala la consultora, que fácilmente podríamos estar hablando de la pérdida del entorno de uno de cada tres puestos de trabajo en la hostelería, si se cumplen las previsiones más pesimistas que, por cierto, por el momento es el escenario que se dibuja.

¿Qué dimensión tiene el problema? Baleares cuenta hoy con alrededor de 340.000 plazas de alojamiento turístico convencional, legal. A esta oferta se le contraponen entre 50.000 y 80 .000 viviendas turísticas legales, ilegales o alegales, que tanto da a estos efectos. Esas viviendas pueden tener una capacidad de alojamiento mínimo de entre 100.000 y 160.000 personas, prácticamente la mitad de lo que hoy es la oferta ordinaria.

Eso tiene su impacto económico negativo (que no es tan importante como el efecto sobre el empleo, porque al fin y al cabo el alojamiento en viviendas vacacionales también se paga, aunque este dinero no se destine a salarios en la misma proporción que en el caso del alojamiento tradicional). La consultora considera que el volumen de negocio que se perdería podría oscilar entre los 211 y los 529 millones de euros.

Los datos están ahí. Aunque hay que hacer algunas salvedades importantes.

La primera, es que mientras el sector turístico tradicional es fiscalmente bastante transparente y, por supuesto, muy controlable, el alojamiento en viviendas vacacionales está prácticamente destinado a ser en 'negro', lo cual genera otros impactos evidentes.

En segundo lugar, que mientras el negocio hotelero tradicional utiliza cauces de intermediación que residen en España e, incluso, frecuentemente en Baleares, la intermediación de la vivienda vacacional tiene lugar en países extranjeros, frecuentemente Estados Unidos, con los costes que ello conlleva.

No deja de ser paradójico y absurdo que en un territorio como Baleares, donde los partidos políticos se han opuesto radicalmente al aumento de la oferta de plazas de alojamiento, nos encontremos fácilmente con 100.000 nuevas plazas que lógicamente generan presión sobre el medio ambiente, sin que nadie diga una palabra; segundo, que estas plazas sean de las peores en términos de creación de empleo, que era la gran virtud que tenía el turismo tradicional. Es decir: un desarrollo totalmente contrario a lo que los partidos políticos habían declarado que era su intención.

Quizás lo más llamativo sea el silencio de los hoteleros, más ocupados en hacer campaña por un partido político que por defender sus intereses (que en este caso coinciden con los del conjunto de la comunidad).