La Comisión Europea está investigando si se han cometido irregularidades en la concesión del aeropuerto de Castellón. En concreto, Bruselas ha abierto un expediente para determinar si el canon que acordó pagar la Generalitat valenciana a SCN-Lavalin cumple las normas comunitarias o enmascara una ayuda ilegal, según publica El País.
El grupo canadiense se hizo cargo de la gestión del aeródromo a cambio de recibir del Gobierno entonces presidido por Alberto Fabra 24,5 millones durante los nueve primeros años y ser el explotador de la instalación hasta noviembre de 2033. Además, Lavalin quedó exenta de pagar un canon hasta que no supere los 1,2 millones de pasajeros al año, una cifra que la empresa no prevé alcanzar hasta el 2029.
Bruselas también ha puesto el foco en Ryanair, la aerolínea que traerá los primeros vuelos comerciales al aeropuerto de Castellón a partir del 15 de septiembre. En concreto, la UE quiere saber si las administraciones valencianas han otorgado alguna ventaja económica a la low cost irlandesa para que opere allí.
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