El Gobierno de Baleares aprueba una ecotasa repleta de guiños políticos

El Gobierno balear, finalmente, ha producido un proyecto de ley regulador del impuesto turístico. Este viernes el Consejo de Gobierno aprobó una medida que ahora ha de pasar el trámite parlamentario correspondiente, para entrar en vigor en unos meses.

El impuesto, en principio, está concebido de forma bastante racional. En lo esencial, es similar a la fórmula que ya estuvo en vigor hace quince años, que grava la estancia en un alojamiento turístico de cualquier tipo, incluidos los cruceros. El impuesto es de dos euros en los hoteles de lujo, y de uno en los normales, en temporada alta; los menores de dieciséis años no pagan y en temporada baja  hay una reducción general del 50 por ciento, igual que a partir del noveno día de estancia en cualquier hotel. Prácticamente no hay datos novedosos que no hayan sido explicados hasta la saciedad. El impuesto turístico balear, pues, no tiene demasiados secretos. Y la normativa, a la espera del reglamento, tampoco es cuestionable. Pocas otras formas de hacer un impuesto se pueden concebir.

Más pintoresco, en cambio, es el vocabulario absurdo que introduce el Gobierno progresista: todo es por la sostenibilidad, por la ecología, por el medio ambiente, por el bien, por la participación, etcétera. Incluso más absurdo es el conjunto de disposiciones que se prevén para materializar el gasto a cuenta de estos ingresos. Hasta se crea una comisión que ha de decidir el destino del dinero, como si los partidos del Gobierno, de este o del que venga, se pudieran permitir el lujo de que lo recaudado no vaya a los fines electoralistas que tengan pensado. La Comisión, por supuesto, sólo tendrá como función refrendar las instrucciones políticas que se le den. Sin embargo, como el papel lo aguanta todo, de esa recaudación va a tener que financiarse la mejora del turismo (lo que supuestamente alegraría a los hoteleros y es un buen argumento para aplacarlos), la mejora del medio ambiente (para tranquilizar a los ecologistas y parte de los partidos del Gobierno), la desestacionalización (para que no se diga que no luchan contra lo que nadie tiene el menor interés en erradicar), para el patrimonio cultural y para la investigación, para la formación (guiño sindical) y para funciones sociales (a ver si Podemos no chilla). Sólo les faltó añadir la igualdad de la mujer y la lucha por los derechos de los animales, que también hubiera quedado guapo.

Lo más probable, sin embargo, es que esos 50 millones de euros, cuando se ingresen, de aquí a dos años, terminen en manos de los bancos acreedores, dado que para entonces con toda probabilidad, dada la tremenda situación financiera de la región, ya se habrán gastado varias veces y, por lo tanto, habrá que devolverlos.

Más allá de todo este circo de palabras, el impuesto está concebido de forma bastante simple y sistemática, y podría ser aceptado por cualquier agente social o político que aceptara el planteamiento de fondo, por otro lado cada día más común. Sin embargo, es posible que los hoteleros, como dicen, acudan a los tribunales. Yo no veo por dónde estructurar un argumento sólido en defensa de su posición, especialmente si se aprecia lo que ocurre en otras latitudes. Me temo que esta vez el impuesto ecológico ha venido para quedarse.

Tampoco es probable que vaya a tener gran impacto en el número de visitantes, especialmente si se mantiene la situación de crisis en el Norte de África.

Sin embargo, el Gobierno regional sigue sin presentar argumentos sólidos en favor del impuesto. Da la impresión de que lo más sensato que tiene que aducir es que, en contra de lo que ocurrió hace quince años, ahora ya han madurado y saben tramitar un documento así de complejo. Y parece que sí, esto ya saben hacerlo. Pero poco más.