Clamor contra los engaños a turistas en las empresas de alquiler de coches

Si los servicios de atención al consumidor no funcionan para los residentes en España, no quieran ustedes pensar qué ocurrirá con los pobres turistas que sean víctimas de alguna de las múltiples organizaciones pensadas para aprovecharse de ellos. Las quejas y denuncias de los visitantes contra las empresas de alquiler de coches que operan en varios lugares de las costas españolas son tan numerosas que incluso, dicen, las autoridades se han puesto a inspeccionar. El Gobierno de Baleares acaba de decir que va a actuar, porque el problema parece descontrolado.

El 'modus operandi' de estas organizaciones, según las denuncias planteadas por los turistas, es bastante inquietante. En primer lugar, ofrecen coches por la red a precios exageradamente bajos. Por ejemplo, cuatro euros por día. El turista pica porque ¿a quién no le apetece pagar menos por un coche de alquiler? Cuando llegan al aeropuerto, se encuentran con que el coche no está allí, lo cual ocurre con frecuencia en muchos aeropuertos del mundo. Una naveta los transporta hasta un polígono industrial apartado de los servicios básicos, donde son recibidos en una oficina de la casa de coches. Allí empiezan los problemas: el coche alquilado no está disponible, por lo que hay que alquilar uno ligeramente diferente, con unas condiciones económicas bastante diferentes. En ese momento, el viajero ya está atrapado. ¿Qué solución tiene, en un polígono industrial, lejos de los transportes públicos, con su familia esperando? Normalmente firma, con lo que, de un plumazo ha perdido las ventajas prometidas en la oferta.

La segunda parte del engaño –que a veces se suma a la primera, a veces la reemplaza– es más común con el resto de los rent-a-cars, incluso con aquellos que se proclaman serios y que tienen marcas conocidas. El viajero, por razones comprensibles, ha de dar su tarjeta de crédito a la empresa, la cual tiene en sus manos las llaves del tesoro del cliente. Cuando este regresa de sus vacaciones y deja el coche, empieza la suma de imprevistos. Lo más frecuente es la aparición un daño en el coche que sólo se ha visto cuando el viajero se marchó. El turista había pensado que la revisión ocular que un empleado hizo delante suyo era suficiente, pero esto no es así. Muy frecuentemente aparecen rayones que se justifican con una fotografía que no necesariamente es del mismo coche, ni necesariamente se repara, ni por supuesto al precio astronómico que se declara. Si reparar un coche tuviera el precio que las compañías de alquileres declaran, todos los turistas cambiarían sus trabajos por el de mecánico o chapista en España.

Pese a que la aguja marcaba que el depósito de combustible estaba lleno, es también muy frecuente que el alquilador del coche encuentre que no era así. El viajero ya está en su país, incapaz de demostrar nada, porque ni el coche está en su control, ni está precintado. O sea, imposible demostrar nada, salvo que ha recibido un cargo espectacular, contra el que apenas queda algo por hacer.

Las cosas han llegado al punto de que hasta las autoridades, habitualmente indiferentes a los problemas de los visitantes, han decidido intervenir. Y empiezan, según declaran a la prensa, por revisar los contratos a ver si hay cláusulas abusivas.

Normalmente los contratos son estándar. Son normales. El problema no está allí sino en la certificación de los hipotéticos daños, que sólo se pueden comprobar en el mismo momento en que se devuelve el coche. No sueñe usted con que un domingo a la noche pueda haber un inspector autonómico que contraste los datos de su alquiler. La única manera de comprobar estos fraudes es el 'mistery shopper', que por aquí aún no sabemos qué es.

Existe también un engaño alternativo que se puede considerar más legal: consiste en acosar al cliente con seguros adicionales. “¿Desea usted un seguro DFR, que cubre todos los daños que pudiera tener y que cubre tanto y cuánto?” Entonces, de prisa, dicen el precio, que pasa desapercibido en un mar de datos, en la retención que se aplica a la tarjeta, en el dato del precio del combustible adicional, etcétera. Si el cliente dice que sí, está atrapado. No le dirán el precio en ese momento, será imposible de descifrar en el contrato que tiene, y se encontrará con la factura cuando, tras regresar a su país, compruebe los cargos en la tarjeta. Esto es legal, pero hecho con toda la mala fe que se pueda uno imaginar.

La propia asociación que agrupa a los rent-a-caristas reconoce que hay cosas que no funcionan bien, porque algunos proveedores no actúan de forma leal con el cliente. Sin embargo, la posibilidad de que nuestra administración pública pueda poner coto a esto es tan baja como que acaben con el turismo de borrachera en Magalluf o con los trileros en la Playa de Palma. Para empezar, la administración autonómica dice que el turista ha de presentar la denuncia en España, no en su país, como si esto fuera fácil, como si el idioma les fuera familiar.