La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha multado con un total de 5,6 millones de euros a cuatro empresas adjudicatarias de las obras del AVE y a nueve de sus directivos, por una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007 o, lo que es lo mismo, por repartirse el mercado, acordando precios y otras condiciones comerciales.
La CNMC estima que este hecho sucedió durante 15 años, entre julio de 1999 y hasta, al menos, octubre de 2014, según informa este organismo a través de un comunicado remitido a preferente.com.
Las sanciones son fruto de las investigaciones realizadas durante los dos últimos años, desde que iniciara su mandato al frente de Adif Gonzalo Ferre, quien al ver indicios de delito alertó a la Fiscalía (La CNMC esclarecerá si existe un presunto cártel entre Adif y las constructoras del AVE).
Éste remitió un escrito para conocer si los procedimientos utilizados hasta entonces para la contratación en el aprovisionamiento de desvíos ferroviarios incluían algún tipo de práctica contraria a la competencia.
Tras la instrucción, la CNMC considera probado que las cuatro empresas sancionadas - Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A; Jez Sistemas Ferroviarios, S.L., Talleres Alegría, S.A. y Duro Felguera Rail, S.A.U- llevaron a cabo prácticas de reparto de mercado y fijación de precios, que tenían como objetivo eliminar a la competencia en las licitaciones.
La CNMC considera que como consecuencia de estas prácticas, varias licitaciones de desvíos ferroviarios se vieron afectadas, como es el caso de Madrid-Levante; Barcelona-Figueres; Zaragoza-Lleida, Madrid-Albacete y Segovia-Valladolid, entre otras. Durante el periodo analizado se licitaron 52 contratos, el 74% se adjudicaron a la UTE.
Como muestra de su magnitud económica, entre 2005 y 2009 ADIF licitó 15 expedientes con un importe de 228 millones, y entre 2010 y octubre de 2014 se licitaron 17 expedientes por un importe de 246 millones.
La principal estrategia de las empresas Amurrio, Jez, Alegría, Felguera y Duro Felguera Rail consistió en optar, sin justificación y de forma permanente, por emplear la figura de las Uniones Temporales de Empresas (UTE), que presentaban ofertas conjuntas, para participar en las licitaciones de suministro de desvíos ferroviarios del AVE, a pesar de ser compañías con un elevado de negocio y capacidad acreditada para operar de manera individual.
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