En agosto de 1991 la empresa española Fiesta Bávaro Hotels, cuyo principal accionista era Abel Matutes, fue demandada por una sociedad dominicana por incumplir el contrato de compraventa del proyecto hotelero Playa Cortecito. Le pedían 240 millones de pesetas (30 millones de pesos) en concepto de daños y perjuicios.
La formalización de dicho acuerdo se realizó el 13 de marzo de 1990. La empresa caribeña debía recibir 14,3 millones de dólares, pagables en deuda de petróleo venezolano o su equivalente en pesos dominicanos, unos 110 millones.
De acuerdo con lo estipulado en el contrato, la empresa de Matutes debía de depositar 5,7 millones de dólares en una cuenta especial a nombre de Playa Cortecito y Fiesta y Bávaro Hotels, lo cual no se cumplió, según los demandantes, pero si se hizo el deposito a nombre del Banco Central.
Los antiguos propietarios del proyecto Cortecito, cuyo socio mayoritario era el Banco Dominico Hispano, alegaban que el proyecto se vendió infravalorado debido a las presiones de los inversores españoles y a la supuesta complicidad del entonces gobernador del Banco Central dominicano, Guillermo Caram.
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