Bruselas aplica al turismo lo que no hace en otros sectores

La noticia publicada este viernes por Preferente.com, en la que se anuncia que la directiva europea de viajes combinados puede exigir que la facturación de los 'paquetes' turísticos se tenga que hacer fraccionadamente, ha provocado estupor. No sólo porque nadie en el Gobierno español haya empezado a estudiar cómo hacer la transposición de la directiva europea, sino porque hasta ahora nadie se había dado cuenta de la jugada de Bruselas.

En Bruselas, para decirlo claro, se hace política: se abordan aquellos asuntos que dan prestigio a los comisarios y se ignoran o dejan de lado aquellos que dan dolores de cabeza. Como en todos lados, pero con más repercusiones. Por ejemplo, en Bruselas hicieron una directiva para proteger los datos de los ciudadanos europeos que entramos en Internet y para que las empresas no nos espíen. Con una valentía digna de un héroe griego, fueron capaces de exigir que antes de llenarnos los buscadores de cookies, nos lo pregunten. ¿Quién va a negarse, si no hay alternativas más que aceptar esos mecanismos de espionaje? Ya ven, una Europa valiente, que provoca la carcajada de los grandes grupos de comunicación de Silicon Valley.

En cambio, el turismo es otra cosa. Aquí todos viajamos y nadie tiene suficiente poder como para plantarse en Bruselas. Así que aquí sí se atreven. Y se atreven a organizar un lío monumental en un tema que nunca jamás había generado una queja. ¿Cuánta gente conoce usted que haya pedido que le desglosen los costes de cada uno de los conceptos que integran su paquete vacacional? Si hubiera alguien, ese no es español, por supuesto. Pues ahí es donde se atreven nuestros parlamentarios europeos, a quienes todas semanas sus secretarias les entregan los billetes de sus aviones sin que sepan ni dónde se venden.

Todo en aras de la libre competencia, dicen. Para que sepamos qué nos cuesta cada parte del paquete.

¿Hablamos de libre competencia? Por qué no se ha acabado con el sistema de concesiones para los fabricantes y vendedores de coches, que es claramente contrario a todo principio de competencia.  ¿Por qué usted no puede comprar un coche en Francia y venirse a España a vivir con él, sin más? Incluso más sencillo: ¿por qué no obligan a que los coches facturen aparte los neumáticos, la batería o las pastillas de frenos, si también proceden de fabricantes diferentes? ¿Será que los grandes fabricantes de coches son muy poderosos, especialmente en los dos países más poderosos de la Unión?.

Algo igual de descabellado es la política europea en materia de transporte aéreo: ¿por qué tienen que ser las compañías aéreas las que indemnicen al viajero cuando hay una huelga de controladores o cuando un aeropuerto no está operativo? Puede ser lógico que sean ellas, interlocutoras últimas con el cliente, las que den la cara, pero las autoridades deberían ser igual de estrictas en exigir que los culpables de los retrasos indemnicen a las aerolíneas. Pero eso es ir muy lejos.

Los agentes de viajes, casi en su totalidad empresas medianas o pequeñas, son las víctimas propiciatorias para este estropicio. La asociación alemana que agrupa a los agentes (DRV), afortunadamente sí está al tanto de lo que sucede y ha organizado una campaña como toca para protestar ante tanto desmán. Bueno sería que en España, la innumerable lista de organizaciones que agrupan a los agentes, exigiera al ministerio de Energía que, cuando acaben de aclararse con el recibo de la luz, nos digan si también creen que la transposición va a ser tan conflictiva como parece que lo está siendo en Alemania. No sabemos si queda margen para que España no aborde este asunto de la misma forma que Alemania, pero en todo caso, este es un riesgo cierto.
Porque más vale protestar ahora que morir ahogados en un mar de papeles para satisfacer a cuatro burócratas ignorantes.