Avalancha de peticiones para explotar alquileres turísticos en Baleares

La inminente entrada de la nueva ley de alquiler vacacional en Baleares y sus restricciones provocan un alud de solicitudes de licencias. Pasan de solicitarse 150 autorizaciones de arrendamiento al mes a más de 600 expedientes.

La causa de esta avalancha repentina viene dada por el anuncio de que a finales del próximo mes de julio el Govern balear pretende endurecer las condiciones para la obtención de licencias. Desde que el vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló, hiciera público el anteproyecto de la reforma del alquiler turístico el efecto fue inmediato, multiplicando por seis las cifras del mismo mes de diciembre del pasado 2015. Pasaron de ser 209 solicitudes en noviembre a 552 en diciembre, cuando lo habitual era que las autorizaciones no llegasen a 90.

Es más, durante el pasado mes de abril se batió el récord de solicitud de nuevas viviendas de alquiler de este tipo, con 632 solo en un mes, cifras que coinciden con las peticiones registradas durante un periodo de seis meses, lo que era habitual desde los últimos 4 años, según Diario de Mallorca. Ya a mediados de 2016 las tramitaciones estaban al alza, entre 150 y 300 solicitudes al mes, el doble que en años anteriores.

La reforma dificultará la obtención de alquiler turístico, ya que los propietarios deberán cumplir unos requisitos de calidad y servicios más exigentes y tendrán que estar dentro de las zonas en las que el Ayuntamiento permita el alquiler turístico.

Además, las licencias caducan a los cinco años, mientras que la antigua ley turística, aprobada en 2012, no contemplaba caducidad alguna. Hasta ahora los requisitos eran mínimos, pagar una tasa de algo más de 300 euros y presentar la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística.

Según la directora general de Turismo Pilar Carbonell asegura que las últimas peticiones se realizan "por si acaso" en un futuro los propietarios quieren alquilar a turistas sus actuales residencias. Así mismo cabe la posibilidad de que aquellos que estaban en una situación irregular la legalicen ante las multas de mayor cuantía.