Madrid corta por lo sano con Airbnb y ordena el cierre de 10.000 pisos turísticos

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles el Plan Especial de Hospedaje (PEH) que prevé limitar los pisos turísticos en la capital y cerrar aquellos pisos que no cumplan con la nueva normativa y que ahora mismo representan el 95% de la oferta, es decir unos 10.000 apartamentos.

Con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE, y en contra de PP y Ciudadanos, la principal novedad de este plan es la exigencia de que los nuevos alojamientos turísticos que compartan edificio con otras viviendas de uso residencial deben contar con un acceso independiente para que vecinos y turistas no compartan zonas comunes como entrada o ascensores. El PEH no diferencia las exigencias para la implantación de las viviendas de uso turístico de otras formas del uso de hospedaje como pensiones u hostales cuando se realicen en parte de un edificio residencial.

Asimismo, las viviendas que se alquilen para alojamiento turístico no deberán superar los 90 días para este fin, de lo contrario el Ayuntamiento entiende que se está desarrollando una actividad comercial, “por lo que se debe solicitar para ello una licencia de uso terciario de hospedaje”, indica el Consistorio en un comunicado (Madrid pone coto a los pisos turísticos).

Según el Ayuntamiento, el plan busca “preservar el uso residencial del centro urbano, frenando la conversión de viviendas del centro en alojamientos temporales turísticos y buscar que la actividad del hospedaje se extienda a otras zonas de la ciudad”. El PEH establece nuevas condiciones para la implantación del uso del hospedaje en los edificios de uso residencial en función de cuatro parámetros: el nivel de usos admitido, el nivel de protección del edificio, el uso implantado y la zona de ubicación del edificio.

Plataformas como Airbnb y propietarios de los inmuebles han rechazado el PEH manifestándose a la salida del pleno con camisetas que pedían regulación pero no prohibición, publica El Mundo. PP y Ciudadanos también han mostrado su desacuerdo tachando la medida de electoralista y acusando, en el caso de la formación naranja, al Gobierno de Manuela Carmena de "interferir a las bravas" en un mercado sin evaluar el impacto económico y jurídico del plan, que según este partido generará fuertes pérdidas económicas y podría ser tumbado en los tribunales.