La Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de comunicar al Ayuntamiento de Barcelona la anulación de uno de los aspectos del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) que los hoteleros locales habían convertido en su principal caballo de batalla, el artículo 15.4 del proyecto estrella del gobierno de la alcaldesa Ada Colau, que establece la obligación de reducir en un 20% las plazas hoteleras disponibles en el caso de que los empresarios decidan realizar una gran reforma de su establecimiento.
Esta medida fue muy cuestionada por los afectados, que presentaron más de un centenar de demandas particulares, además de una conjunta a través del Gremi d’Hotels de Barcelona, así como partidos políticos como el PSC y ERC, que a pesar de votar a favor del plan se mostraron en desacuerdo con este punto, como informa La Vanguardia.
Las primeras sentencias desfavorables al Ayuntamiento de Barcelona no cuestionan en principio el Peuat en su conjunto, pero sí que atienden plenamente una de las grandes inquietudes de los hoteleros locales, que han advertido que la obligación de restar un 20% de plazas de sus establecimientos si quieren modernizarlas y poner al día sus instalaciones supondría inevitablemente un envejecimiento de la planta hotelera de la ciudad y, en consecuencia, una pérdida de calidad en la oferta que acabaría repercutiendo negativamente en el tipo de clientela.
Esta resolución judicial no tendrá efectos inmediatos. Lo más probable es que el Ayuntamiento presente un recurso de casación que podría tardar un par de años en resolverse. Mientras tanto se mantendrá la vigencia del Peuat. Otra cosa es la decisión política que pueda adoptar el actual gobierno bipartito, ya que no se descarta que la decisión judicial pueda acelerar la revisión del plan.
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