Drama económico y social por el fin de la “excepción canaria”

Los empresarios turísticos de Canarias se unen contra el posible fin de la exclusión de Canarias del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), aprobado de forma provisional por el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, pero que deberá ser ratificado por los Estados miembros (“Está en riesgo la conectividad aérea de Canarias”).

Varias organizaciones empresariales de las islas (FEHT, Ashotel, Asofuer y FTL) expresan su preocupación ante las consecuencias que traerá consigo para Canarias la entrada en vigor del nuevo marco regulador sobre pago de derechos de emisión, que comenzará a aplicarse al inicio de 2024 y cobrará plena vigencia en el año 2026.

Dicho escenario es definido por las patronales como “muy perjudicial para el archipiélago y, en particular, para la competitividad de su sector turístico”, en la medida de que no excluye del abono de dichos costes a los vuelos entre aeropuertos de la Unión Europea (más Reino Unido y Suiza) y Canarias (Canarias: el turismo, en riesgo por su inclusión en el ETS).

Los empresarios turísticos advierten que supondrá “un perjuicio claro para un sector estratégico de la economía de las islas, al encarecer los traslados en avión desde los principales mercados emisores con destino a Canarias”. Por ello, instan a negociar la aplicación en este caso de la misma medida que sí ha sido aprobada para los vuelos interinsulares y los traslados entre el resto de España y Canarias, “por una simple cuestión de equidad y justicia social”.

Según señalan, la entrada en vigor del marco aprobado hace dos semanas “sólo podría ser definida como un fracaso negociador para Canarias”, por no incluir una exención en el pago de derechos para todos los vuelos entre el espacio aéreo europeo y las islas. “Esa y no otra es la medida necesaria para Canarias y la que hay que incluir en la redacción final de la norma”, remarcan.

Por otro lado, lamentan “la ausencia de la necesaria firmeza en la posición del Gobierno de España” respecto a este asunto, como garante del interés general de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. Y todo ello, recordando que “un encarecimiento súbito en el precio de los vuelos podría revestir consecuencias dramáticas para el archipiélago en los planos económico y social, un riesgo que es preciso evitar a toda costa si de verdad se quiere defender la viabilidad económica de un territorio español y europeo con más de dos millones de habitantes”.