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EDICIÓN ESPAÑA

Ante la persecución constante de las Administraciones

Barcelona: el ‘cártel’ de pisos turísticos ilegales se pasa al residencial

Ofrecen alquileres de temporada de entre 32 días y 11 meses para quedar fuera de la regulación contra los pisos turísticos
También se han adentrado en la plataforma de alquiler “Badi” para ofertar habitaciones individuales

La mayor trama ilegal de viviendas turísticas de Barcelona se ha pasado al alquiler por temporadas. La constante persecución de las Administraciones a su modelo de negocio irregular ha llevado a sus cabecillas a buscar nuevas alternativas para tratar de sobrevivir (Mazazo a la mayor trama ilegal de pisos turísticos de Barcelona).

Según informa Eldiario.es, son un total de 70 apartamentos los que continúan dentro de este entramado, liderado por economistas y académicos. Como publicó Preferente, desde el año 2016, se dedican a comprar viviendas, dividirlas en dos o tres diferentes sin solicitar ningún tipo de permiso, y luego las ponen en alquiler en plataformas como Airbnb o Booking.

Muchos vecinos de comunidades afectadas llegaron a denunciar “mobbing” por parte de este grupo, es decir, hacerles la vida imposible para que se marchen y poder alquilar todo el edificio para uso turístico. Entre los trucos empleados se encontraban ofertas económicas para que abandonen su vivienda; la realización de reformas para molestar a los residentes; o el envío de falsos “okupas” para que la causar disturbios.

Este modus operandi llevó al Ayuntamiento de Barcelona a imponer una sanción de 600.000 euros. Es por ello que han optado por cambiar su modelo de negocio, ofreciendo alquileres residenciales de entre 32 días y 11 meses para quedar fuera de la regulación contra los pisos turísticos.

Pero este no es el único cambio en su estrategia. El citado medio confirma que se han adentrado en la plataforma de alquiler “Badi” para ofertar habitaciones individuales y captar potenciales clientes que quieran compartir piso con otros compañeros.

En algunos casos, no han tenido otra solución que vender algunas propiedades para evitar nuevas sanciones. De hecho, uno de los pisos que fue precintado en enero, ubicado en la calle Valencia, apareció en varios portales inmobiliarios por un valor de 700.000 euros. Lo promocionaban como “una opción ideal para inversores que buscan propiedades bien diseñadas y con potencial de rentabilidad”.

 


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