El ‘modelo Armengol’: la vivienda sube un 200% pero los salarios un 23%

La crisis habitacional se ceba con Baleares, una de las comunidades autónomas más afectadas por el aumento descontrolado del alquiler turístico. Según revela el director de Estudios de Pisos.com, Ferrán Font, en el precio de la vivienda se ha disparado cerca de un 200% en la última década, mientras que los sueldos tan solo han subido un 23% en el mismo periodo (El plan de Baleares para detectar pisos turísticos ilegales).

Son varios los factores que han provocado una situación tan alarmante como la actual. Font hace especial hincapié en tres: la reactivación de las compraventas, la escasa construcción de vivienda nueva en las islas y el aumento del apetito inversor en los mercados internacionales (una de cada cuatro casas las adquieren extranjeros).

“Esta tendencia ha mermado mucho a un segmento concreto de la población, que se ha visto completamente expulsado del mercado de la compraventa para llegar a un mercado del alquiler con un nivel de precios elevado que reduce, todavía más, su poder adquisitivo”, alerta el director del portal inmobiliario, según recoge Última Hora.

El aumento desorbitado del precio de la vivienda ha coincidido con el mandato de Francina Armengol, secretaria general del Partido Socialista de Baleares desde 2012 y presidenta del Govern de 2015 a 2023. La ahora presidenta del Congreso de los Diputados ha incumplido varias de sus promesas electorales con las que supuestamente iba a combatir la emergencia habitacional de las islas, entre ellas la construcción de vivienda pública y el control de los precios del alquiler.

Más allá de estas cuestiones, cabe destacar el especial impacto que ha tenido el desmadre del alquiler vacacional. Las cifras son tozudas y preocupantes: en la última década, el número de pisos turísticos ilegales ha aumentado un 204% en las islas.

Según estimaciones del actual Ejecutivo autonómico, en Baleares hay 235.000 inmuebles destinados al alquiler vacacional que no disponen de licencia. A esta cifra hay que sumarle las 26.443 viviendas vacacionales dadas de alta, lo que se traduce en una oferta total de 261.443 alojamientos dedicados a este fin, de los cuales el 90% operan de forma ilegal (Baleares: el 90% del alquiler turístico es ilegal).

Es por ello que el Gobierno de Marga Prohens tiene ante sí el arduo reto de encontrar la fórmula para, por un lado, combatir la lacra del alquiler turístico ilegal y, por otro, incentivar el alquiler convencional. En declaraciones a Preferente, la presidenta se comprometió a “dar batalla” contra este fenómeno y “no mirar hacia otro lado como se ha venido haciendo”. Así, prometió aumentar las inspecciones, endurecer las sanciones y poner en marcha planes para promover el alquiler de larga duración (Marga Prohens: “Vamos a dar la batalla contra el alquiler turístico ilegal”).