"Luis Crypto" también se hizo con el granadino hotel Colón

La supuesta estafa piramidal de la red de empresas que financió con 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez ha salpicado a la sociedad Madeira Club Invest, integrada por Alvaro Romillo y su padre, Domingo Romillo, además de otros socios.

El presunto estafador Álvaro Romillo, alias Luis Crypto, compró un hotel en Granada, además de hacerse con el control del aparthotel de los Hidalgo en República Dominicana. En la capital andaluza, Romillo invirtió en el hotel Colon y en distintos negocios relacionados con la hostelería, todos ellos ubicados en lugares premium (La timadora Cryptospain controla el apartotel de Globalia en Bávaro).

Madeira Club Investment prometía retornos exorbitantes, con ganancias anuales de entre el 30% y el 50%, lo que atrajo a muchos interesados. Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había advertido públicamente sobre las irregularidades de la red en 2023, calificando sus operaciones de “chiringuito financiero”(La estafadora Cryptospain también invirtió en turismo).

Según informa Ideal, el entramado empresarial, que incluye a su padre Domingo Romillo y varios socios, ha afectado significativamente a la ciudad Granada. A través de sociedades como Dos Huevos Fritos SL, Negro Carbón SL y Wanderstay SL, Romillo controlaba al menos cinco restaurantes y el mencionado hotel Colon, lo que pone en riesgo el empleo de 54 trabajadores. Las condiciones laborales en algunos locales se han vuelto insostenibles, con empleados que llevan meses sin cobrar sus salarios.

El establecimiento y el restaurante La Casual enfrentan una situación crítica. Aunque los 22 empleados fueron subrogados por Wanderstay SL en junio de 2023, su futuro es incierto. La dirección ha asegurado que tienen fondos para seguir operando hasta finales de año, pero los trabajadores, que llevan cerca de una década en el hotel, temen por su estabilidad laboral. Además, en el restaurante La Castellana, el personal ha sido informados verbalmente que pueden abandonar su puesto, pero sin despido formal ni salario.

Así, la situación legal de Romillo es compleja. Su patrimonio está bloqueado judicialmente, y los despachos de abogados Zaballos y Aranguez han presentado denuncias en la Audiencia Nacional, involucrando a más de 250 afectados.

La presunta estafa, que podría haber alcanzado los 600 millones de euros, se extiende más allá de España, afectando a inversores en varios países de Europa y América Latina. De momento, la defensa de este, encabezada por Francisco Miranda, ha solicitado que se designe un administrador judicial para evitar la quiebra total de los negocios.