El ‘Gran Hermano’ de Marlaska, otro premio para la oferta ilegal

El ‘Gran Hermano’ de Marlaska que se aplica desde el lunes supone un mayor control de los viajeros que se alojan en establecimientos reglados pero a la vez va a significar indirectamente un premio para la oferta ilegal, donde no hará falta aportar ni un solo dato para alojarse, ni siquiera dar el número de cuenta corriente para esté en poder de la Policía Nacional. Teóricamente nadie se libra del control impuesto por Marlaska con el nuevo real decreto de registro de viajeros que ha entrado en vigor a pesar de tener a todo el sector turístico en contra, pero la realidad es que la nueva norma es un auténtico chollo para los miles de pisos turísticos que están al margen de la ley y que se promocionan en los portales sin tener licencia para ejercer una actividad turística.

El real decreto prevé que todas las actividades de hospedaje están obligadas a aplicar el real decreto; va a afectar a  los hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos. Tampoco se salvan del control de Marlaska los campings e incluso en las zonas de estacionamiento de autocaravanas existe la obligación de dar los 42 datos que reclama el Ministerio del Interior. También los operadores turísticos que presten servicios de intermediación, las plataformas digitales que den servicios en España y las alquiladoras de vehículos sin conductor. (Marlaska pone desde hoy a sus órdenes a todo el sector turístico).

La medida afecta también a la oferta de Airbnb. De hecho, la plataforma ha avisado a los propietarios de pisos que tienen la obligación de acceder a la web de Interior para dar toda la información sobre sus clientes. Airbnb avisa que las multas pueden alcanzar los 30.000 euros, pero todas las gestiones las tendrán que realizar los propios propietarios a través de la web que el primer día ya se colapsó.

Los hoteleros se sienten policías y ya han dejado claro que no van a someter a ningún cliente a un interrogatorio. El Ministerio del Interior espera que este nuevo sistema de registro  sea una herramienta útil para perseguir la delincuencia, pero los hoteleros han recordado que siempre han colaborado con la Policía, pero recabar 42 datos de sus clientes puede suponer infringir la Ley de Protección de Datos. Se calcula que han sido más de 15.000 delincuentes que han podido localizarse gracias a la colaboración de hoteles y agencias.

Desde la patronal hotelera esgrimen que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE de 2022 incide en que  las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el real decreto vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad, entre los que se encuentran los incluidos en los medios de pago.

Hay algunas de las nuevas imposiciones de Marlaska que preocupan especialmente a los hoteleros. Temen que a partir de ahora deberán guardar los datos de sus clientes durante tres años, lo que puede suponer un riesgo ya que la información puede ser robada precisamente por aquellos delincuentes que el nuevo registro pretende localizar.

Otro aspecto que preocupa es la imagen que da España con tanto control a los turistas ante los mercados turísticos. Varios turoperadores han mostrado su rechazo al nuevo registro mientras ponen el foco en destinos competidores. En Reino Unido los tabloides ya han comenzado a recomendar no visitar España, sobre todo por los inconvenientes burocráticos a la hora de hacer el 'check in' en los hoteles.

“Los británicos boicotean a España antes de la nueva normativa de viajes: la regla de 31 puntos desata la furia” o “Los turistas británicos ‘nunca volverán a estar de vacaciones en España’ debido a las nuevas normas”, son solo algunos ejemplos de la repercusión negativa que ha tenido la medida del Gobierno de Pedro Sánchez. (Los británicos se rebelan contra el ‘Gran Hermano’ de España)

"Es una norma desproporcionada que colisiona frontalmente con otras de rango español y europeo, así como con recomendaciones de distintos organismos, pudiendo llegar a poner en peligro la propia seguridad que se pretende ante la ciberdelincuencia", avisan desde el sector turístico.