La Fiscalía anticorrupción lanza un aviso a De Cabo

La Fiscalía Anticorrupción ha tomado medidas en el caso de la operación entre Ruiz Mateos y Ángel de Cabo. El organismo ha alertado de que si se venden activos de Nueva Rumasa podría incurrirse en un delito de alzamiento de bienes, según fuentes que ha consultado Europa Press.

Este delito se produciría si los nuevos dueños del conglomerado empresarial se quedasen con el dinero de la venta de activos de cualquiera de las sociedades vinculadas a Nueva Rumasa en lugar de destinarlo al pago de la deuda de más de 1.500 millones de euros que acumula.

Las mismas fuentes de la Fiscalía han explicado que, por el momento, desconocen el contenido del acuerdo de compraventa, anunciado el pasado viernes por la familia Ruiz-Mateos y la sociedad del nuevo propietario, Back in Business.

Sin embargo, apuntan que dicho acuerdo tendrá su relevancia dentro de la investigación que tramita el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por presunta estafa e insolvencia punible contra Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos varones.

De este modo, Anticorrupción coincide con los inversores en pagarés de Nueva Rumasa que solicitaron ayer a Ruz que reclame el contrato de compraventa del holding empresarial tanto a la familia Ruiz-Mateos como al comprador para conocer a qué sociedades afecta y determinar la verdadera propiedad de éstas.  

Desde la Fiscalía recuerdan que la mayoría de las empresas de Nueva Rumasa están inmersas en procesos concursales y que su gestión depende exclusivamente de los distintos administradores nombrados por los jueces, después de apartar de la dirección a los miembros de la familia Ruiz-Mateos.

Por lo tanto, las decisiones últimas sobre los activos y los movimientos que se produzcan en las sociedades del grupo Nueva Rumasa, inmersas en procesos concursales, dependen exclusivamente de los jueces mercantiles.

El pasado mes de junio, el juez Pablo Ruz admitió a trámite la querella presentada por el despacho Martínez-Echevarría, en nombre de 200 inversores de pagarés del grupo, contra la familia Ruiz-Mateos.  

La Fiscalía Anticorrupción se personó en la causa como acusación pública y tuvo que interrumpir, en favor del juez, la investigación abierta en marzo de 2010 a las emisiones de pagarés del grupo a raíz de una denuncia presentada por la Agencia Tributaria y de las advertencias formuladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).