Por Fernando Urrea
Madrid. 17/06/10.- El presidente de Spanair ha presentado, con cierta euforia, datos de aumento de pasajeros y operaciones en el primer aniversario de haber colocado su sede en El Prat, aeropuerto por donde han pasado más de la mitad de los clientes de la compañía. Era eso de lo que se trata, de aumentar el tráfico en el aeropuerto catalán e internacionalizarlo al mismo tiempo que crece la compañía. Y la competencia continúa su arremetida por agravio comparativo y dice que esa relación está directamente relacionada con las ayudas públicas que recibe la aerolínea presidida con Ferran Soriano, quien ha dicho públicamente y con contundencia: “No recibimos ayudas públicas”. Y lo ha dicho en el mismo acto en el que confirmó que Fira de Barcelona ha entrado en la empresa con diez millones de euros. La competencia se ratifica en sus denuncias de trato preferencial hacia Spanair. Alguien miente. Y Soriano contraataca calificando a Vueling de compañía aérea de bajo coste. Las fórmulas para que una Administración inyecte capital en una compañía privada indirectamente pueden camuflarse en laberintos legales, pero no dejarán de ser ayudas, práctica que está prohibida por la reglamentación de la Unión Europea. El problema es que la Generalitat no se pronuncia. Calla y otorga. Otra vez se justifica todo si es efectivo. Y eso, que en algún caso podría colar, es una aberración cuando ayudar a una empresa significa debilitar a otra. El Parlament debería volver a investigar y debatir esta fea e injusta situación.
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