El lobby de Airbnb se debilita por su falta de argumentos

La falta de argumentos que los lobbies del alquiler vacacional vienen exhibiendo les hace acentuar su debilidad, en un momento en el que las legislaciones estatales y europeas se preparan para promulgar leyes que defiendan el interés general en materias como el acceso a la vivienda, la convivencia vecinal, a la vez que sobre la autenticidad de los cascos históricos.

Las organizaciones que promueven el modelo auspiciado por Airbnb destacan las virtudes de su tipo de alojamiento como que ayuda a la oferta complementaria, aunque no se pronuncian sobre la diferencia en generación de empleos y aportación fiscal comparado con los hoteleros, y llegan a negar su responsabilidad en el encarecimiento de los inmuebles.

También estos lobbies rechazan haber contribuido a la saturación turística, con casos como el de Antoni Barceló, presidente de la Associació d’habitatges de lloguer turístic a les Illes Balears (Habtur), recordando que el alquiler vacacional tiene un tercio de las plazas hoteleras, pero omitiendo que el plazo de incorporación a la oferta turística de uno y otro.

"El alquiler vacacional está criminalizado cuando nosotros tenemos 103.000 plazas y existen 315.000 hoteleras. Además, generamos muchos más beneficios a la oferta complementaria. En este sentido, consideramos que ya hemos perdido muchas plazas y que ahora debe trabajarse en la desaparición de plazas hoteleras obsoletas", señala Barceló a El Económico.

La oferta hotelera llegó a su cota actual en unos 60 años en los que dio tiempo para que las infraestructuras fueran creciendo de una manera gradual, hasta frenarse hace cerca de una década cuando en un periodo muy corto las viviendas vacacionales irrumpieron en el mercado, detrayendo además su disponibilidad para residentes, a diferencia de las hoteleras.

Barceló se queja de que "a nosotros ya nos han quitado 20.000 plazas y a los hoteleros, ni una", pese a que el alquiler turístico ha venido contraviniendo los planes urbanísticos que delimitan las áreas en residenciales, industriales, rústicas y turísticas, para precisamente evitar problemas de convivencia, masificación, desnaturalización de los centros históricos, o el encarecimiento de vivienda para locales.

Los problemas de movilidad que también se han acentuado al pasarse de un modelo 'turoperado' con el viajero mayoritariamente en autobús, frente a otro más contaminante de muchos en coches de alquiler, son asimismo abordados por estos lobbies, cayendo en una contradicción sobre si el cliente de hotel sale o no del establecimiento.

Barceló, en este sentido, señala que "la masificación no es culpa del alquiler vacacional. Representamos una parte minoritaria de la oferta alojativa. No es cierto que el turista de hotel no se mueva del establecimiento y, por tanto, no contribuya a la masificación. Son numerosos los que alquilan un vehículo y tienen interés por conocer diferentes lugares de la isla".

Así, de un lado, asegura que "generamos muchos más beneficios a la oferta complementaria" debido que atribuye a los huéspedes hoteleros que salen poco del hotel, pero luego apunta a lo contrario cuando sostiene que "son numerosos los que alquilan un vehículo y tienen interés por conocer diferentes lugares de la isla".

Los argumentos de estas asociaciones, de este modo, se ciñen a decir que se les criminaliza, sin asumir algunas de las consecuencias para el interés general que ha tenido la irrupción de este formato, que aseguraban que "democratizaba" el turismo aunque cada vez aparezcan más pruebas de que los dueños con más de diez propiedades acaparan casi la mitad de la oferta.

También algunos gobernantes que auspiciaron este modelo solo porque perjudicaba al hotelero sin tener en cuenta si todavía lo hacía más al ciudadano medio, tal cual lo admitieron, se encuentran ahora recurriendo a sus periódicos afines para tratar de culpar del encarecimiento de la vivienda a los residentes extranjeros, y tapar así su papel en estimular el modelo del alquiler vacacional que desde 2015 disparó la oferta turística un 30 por ciento.

La falta de inspectores, la poca cuantía de las multas, y la ausencia de estímulos fiscales para trasladar oferta del alquiler turístico al residencial suponen evidencias del fomento de las autoridades de este modelo. Y ahora sus lobbies responden a las normativas en preparación, como las del Estado y las de Bruselas, sin aportar con argumentos a las críticas a su modelo, y por lo tanto quedando más desautorizadas ante unos legisladores que deben velar por el bien común.

Los políticos, hasta la fecha, eludían pronunciarse sobre este tema al pensar que perderían votos porque había muchos propietarios, pero ahora vienen cambiando de postura al comprobar que son unos pocos quienes controlan la oferta, y sobre todo que a raíz de la irrupción de Airbnb las principales preocupaciones ciudadanas se han vuelto el encarecimiento de la vivienda y la masificación turística que empeora su calidad de vida.

También la eficaz y agresiva estrategia comunicativa de estas asociaciones, con amplio eco en los periódicos y centradas en valorarse porque así se fastidia al hotelero, ocultan que no solo el dueño de establecimientos reglados ganaría con menos oferta residencial desviada al turístico, sino sobre todo el local.