El sector más resistente a la crisis debe tener más poder

No va a tardar mucho para que hasta los sindicatos terminen por reconocer que las cosas ya no están yendo tan mal como iban. Será difícil hacerse a la idea de que en este tiempo se haya podido producir un cambio tan radical en las expectativas de este país pero, afortunadamente, así parece que está sucediendo. Pese a ello, aún quedarán muchos puntos inciertos respecto del futuro, en todos los aspectos, sobre todo en el político, lo cual no es asunto de este artículo.

Sin embargo, estos seis años de crisis habrán demostrado de nuevo que de todos los sectores económicos del país el turismo es el que mejor resiste los embates, el que más empleo mantiene, el que mejor enfrenta la adversidad. El más resistente. Ya había sucedido en los noventa, cuando tras los fastos del quinto centenario, llegó una recesión que parecía definitiva y profunda. Entonces también, pese a la crisis alemana derivada de la unificación, el turismo no sólo no retrocedió, sino que hasta compensó parcialmente la caída de otros sectores, como la industria, el comercio y la agricultura.

Esta resistencia del turismo para soportar los embates de una economía que da bandazos de acuerdo a sus debilidades estructurales, exige de una vez por todas que el Gobierno, este y cualquier otro, empiecen a dar al turismo un trato acorde con su aportación a la economía. Quien representa aproximadamente el 11 por ciento de la economía, tanto en términos de aportación de PIB como de empleo (importantísimo el detalle de los puestos de trabajo), no puede seguir presente en el Consejo de Ministros mediante un representante a título parcial (junto con la Industria, la Energía) y mediante una secretaría que ni siquiera es de Estado.

El papel del turismo en la economía española ha sido objeto de demandas por parte de los protagonistas, pero tras esta crisis es evidente que requiere una reformulación urgente. España, un país que depende de este sector como de pocos otros, no puede continuar sin que su turismo tenga políticas a largo plazo, trabajadas en un marco parlamentario suprapartidista; no debe seguir teniendo una descentralización urbanística que permita el caos en el crecimiento de la oferta; no tendría que aproximarse a la existencia de 17 legislaciones diferentes sino a una norma que admita las variantes locales explicables y lógicas en un territorio tan diferente. España debe invertir mucho más en su marca turística, en las garantías que da al cliente, en la presencia en los mercados emisores.

Sin embargo, el turismo vacacional español, la rama de esta actividad que de nuevo ha demostrado su poder de resistencia a las dificultades económicas, sigue relativamente ignorado. En términos generales, da la impresión de que Madrid cree que el turismo es el viaje de miles de españoles desde las ciudades a la costa, como solemos ver en los telediarios, fundamentalmente en los meses de julio y agosto. Por supuesto, este turismo no sólo existe, sino que es importante, pero no es todo, ni siquiera es lo más cuantioso. España tiene en Alemania y Gran Bretaña la mina de su turismo, que en la Península y Baleares viajan entre marzo y noviembre y en Canarias todo el año, y que aportan empleo, recursos, y riqueza.

Este turismo ha vuelto a funcionar en un momento difícil, pero sería fundamental que el Gobierno recordara que en buena medida esto se ha debido a los problemas de nuestros competidores, como oportunamente ha declarado el ministro Soria y que no siempre hemos de vivir de los fracasos ajenos. Es verdad que el ministro Soria conoce la materia que tiene entre manos, pero esto no basta. Es el Gobierno en su conjunto el que tiene que entender que España depende del turismo y que el turismo es un sector con infinidad de cualidades que hay que cuidar: da empleo, depende del exterior, no requiere de subvenciones y es exportador.

Más allá de los datos positivos de estos años, no hay que engañarse del trato que en conjunto le damos al turismo: cada autonomía, quizás con buena intención, lleva a cabo su política, a veces opuesta a la de sus vecinos; cada ayuntamiento, también quizás con razón, aplica sus políticas; cada uno promociona por su cuenta, porque quiere vender su diversidad, su diferencia, porque en parte el turismo es una herramienta para la diferenciación política a la que nuestras autonomías son tan dadas.

Pero, sin embargo, la reconversión de nuestras zonas turísticas caducas, que son tantas, no se emprende; los recursos necesarios para renovar nuestra oferta no están disponibles (ahora menos que nunca) y, en definitiva, los inversores privados, que son los que deberían asumir nuestro reposicionamiento internacional, encuentran que el retorno de las inversiones turísticas en España es bajo y, por lo tanto, no aconsejable. Mientras nuestras autonomías se pelean entre sí, la inversión clave para nuestro futuro, no llega. Y el Gobierno, que debería aportar esta visión macroeconómica de nuestros problemas, bastante tiene que limitar los daños de la dispersión de competencias.

Más voz para el turismo equivale a más gestión estratégica para un sector que es clave para nuestra economía, para nuestra sociedad, crítico en algunas regiones costeras del país. Esta crisis ha demostrado la importancia que tiene introducir un cambio en la manera en que la política española enfoca estas cuestiones.