Por Guiem Costigan
3/2/11.- La sobreoferta de palacios de congresos que padece España se hace cada vez más clara en Palma de Mallorca, donde la retirada de Barceló del proyecto ha derivado en un litigio con los poderes públicos que ahora deben apechugar con un recinto cuya aportación social está más que en entredicho.
Los poderes públicos -ayuntamientos y comunidades autónomas concretamente- se han afanado en todas partes a promover palacios de congresos y recintos feriales, con la mente poco puesta en su utilidad, y mucho más pendiente del rédito electoral y de la grandilocuencia de su inauguración.
Las empresas privadas –hoteleras principalmente-, por tanto, rehúyen de estos proyectos, pues para acoger congresos les resulta más cómodo y fiable contar con las instalaciones de las que ya disponen en sus propios establecimientos, lo que deja huérfano de inversores a las iniciativas públicas en este campo.
Al final, el promotor de la obra, el poder público con visión más localista, se acaba viendo obligado a quedarse con la gestión de una construcción fruto de ciertos complejos, de no querer ser menos que el vecino, y también contar con su deslumbrante recinto ferial, su museo de arte propio….
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