La dirección de Ávoris confía en salir airosa del expediente abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que como adelantó en exclusiva Preferente, se centra en las sospechas sobre la actuación de las empresas participantes en el concurso público para gestionar el contrato centralizado de servicio de agencia de viajes de la Administración General del Estado, conocido como el CORA (El concurso del megacontrato para gestionar los viajes del Estado, bajo sospecha).
Según ha podido saber este periódico, la dirección del grupo, asesorada por sus abogados y asesores externos, califica los riesgos asociados a esta inspección “como no probables”. Esto le ha llevado a no registrar provisión alguna de fondos para afrontar una posible sanción de la CNMC. Asimismo, desde la matriz, Barceló, insisten en que la apertura del expediente “no prejuzga el resultado de la investigación”.
Como publicó Preferente, Viajes el Corte Inglés, otra de las investigadas junto a IAG7 y Nautalia, también se pronunció recientemente sobre el expediente abierto por la CNMC. Lo hizo en su memoria anual, donde incidió en que “no se ha declarado la existencia de ninguna infracción” por parte de su empresa “ni se han recibido sanciones por este concepto”. Recordó, además, que la incoación del expediente supuso simplemente “un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzga el resultado de la investigación, ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas, ni la existencia del perjuicio alguno causado”.
La CNMC abrió la investigación ante las sospechas sobre la actuación de las empresas participantes en el concurso público para gestionar el contrato centralizado de servicio de agencia de viajes de la Administración General del Estado. La resolución de dicho expediente, cuya apertura se produjo de forma oficial en diciembre de 2023, llegará en un periodo máximo de 24 meses desde su incoación, es decir, en la recta final de 2025 (Cártel de agencias: tranquilidad absoluta entre los investigados).
En caso de que finalmente sean sancionadas, las empresas investigadas podrían recibir multas de hasta el 10% de su volumen de negocio total, es decir, decenas o incluso cientos de millones de euros. Sin embargo, directivos de varias de las empresas investigadas se muestran tranquilos en conversaciones mantenidas con Preferente, negando rotundamente que se hayan repartido clientes o licitaciones públicas, como sostiene la CNMC.