El acuerdo al que Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual habían llegado con el liquidador Ángel de Cabo era se que los dos primeros traspasaban el grupo empresarial Marsans y todos sus bienes a De Cabo y este les pagaba 100.000 euros al mes, hasta sumar ocho millones para cada uno. Los empresarios eludían a sus acreedores y De Cabo, según El País, hacía una fortuna, más que a gestionar empresas se dedicaba a enriquecerse (él mismo y todos los que lo rodeaban) y, según el juez, acabó quedándose con todo.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco explica el mecanismo de alzamiento de bienes en el auto en el que determina la prisión eludible bajo fianza de 30 millones para Díaz Ferrán. El magistrado escribe que para evitar a sus 10.000 acreedores, Díaz Ferrán y sus socios querían aparentar insolvencia patrimonial. Para ello ambos habrían traspasado "el grupo empresarial, sus derechos y también el patrimonio personal y familiar" a De Cabo. Para recibir el dinero, el expresidente de la CEOE visitaba "la sede de Ascendía en Valencia cada dos o tres semanas".
El juez relata que desde la operación contra Nueva Rumasa, la red de De Cabo se había centrado en justificar los movimientos de fondos que se habían producido tras las entrada en el Grupo Marsans, para lo cual se habría montado un plan para confeccionar "contratos simulados y otros negocios jurídicos" para colocar los activos en el exterior. Para mover todo ese dinero, se habrían constituido sociedades en varios países, tales como Chipre, Suiza, Lienchtenstein, Malta y Hong-Kong, "todos ellos jurisdicciones de riesgo".
El juez la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión eludible bajo caución de 30 millones de euros para el expresidente de la CEOE mientras que para el actual dueño de Nueva Rumasa y Marsans ha pedido una fianza de 50 millones de euros, la más elevada de la historia judicial española. Velasco, que instruye este procedimiento a partir de una denuncia presentada en febrero pasado por las mayoristas AC Hotels, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, podría imputar a los detenidos los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible.
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Que pague 30 millones y eluda la cárcel??? Pero la justicia sabe lo que este señor hizo con muchísimas familias? QUE PAGUE LOS 30 MILLONES PERO QUE SE PUDRA EN LA CARCEL. Que de ejemplo para que otros "empresarios" no se les ocurra hacer lo mismo y velen más por los intereses de los empleados que a la fin son los que hacen empresa.
Despues de mas de 2 años pensaba que nada de lo que habia hecho este delincuente me sorprendería, pero me equivoque.
Esto no nos va a reportar un solo céntimo a todos sus ex empleados, ni no esperamos, pero al menos sus delitos no quedaran impunes, aunque eso a estas alturas no lo tengo tan claro.
Saldrá muy pronto, como los chinorris, todo es una farsa.