El Gobierno Balear presta sus servicios jurídicos a los trabajadores de Orizonia

José Ramón Bauzá, presidente del Gobierno de las Islas Baleares por el PP, se ha reunido este jueves en su despacho durante 50 minutos con un grupo de seis trabajadores de Orizonia de Mallorca. El jefe del Ejecutivo regional, que ya recibió a algunos empleados el martes pasado en el Parlamento autonómico, ha vuelto a escuchar la explicación sobre la situación de este colectivo y ha puesto a su disposición los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.

Así lo han asegurado al término de la cita los trabajadores Eva María Santos y Alberto Carmona, pertenecientes a CCOO y USO, respectivamente, quienes han indicado que la mesa que se creó para negociar el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) ya han podido reunir alguna información útil sobre las cuentas del holding.

Santos y Carmona han añadido que Bauzá también se ha comprometido a facilitar una entrevista entre representantes de la plantilla y responsables del Gobierno de España, al que ha atribuido las competencias en este conflicto. No obstante, en el ámbito laboral, el único en el que el Gobierno Balear se considera autorizado para actuar, el compromiso del presidente ha sido que “si hay causa para presentar un recurso, estarán con nosotros hasta el final”.

Poco antes del encuentro con José Ramón Bauzá, mientras se desarrollaba una concentración de protesta de unos 200 trabajadores de Orizonia a las puertas del Consolat de Mar (sede de la presidencia de Baleares), la secretaria de Acción Sindical de CCOO en las Islas, Carmen Díaz de la Jara, ha asegurado que el Gobierno autonómico “ha llamado a consultas a la propiedad, Carlyle, y a José Duato” para que les informe sobre la situación real de la compañía, especialmente en el archipiélago.

Jaume Grimalt, del sindicato USO, ha añadido que el gabinete de Bauzá se ha ofrecido también para pedir la mediación del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la crisis de Orizonia, que podría dejar en la calle al menos a 3.500 personas en los próximos días cuando se presente el ERE de extinción anunciado.