Imserso: Competencia detecta deficiencias en los pliegos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) insta al Gobierno a mejorar los pliegos de los viajes del Imserso al considerarlos que no favorecen la competencia efectiva. El informe de la CNMC señala que un operador ha resultado adjudicatario del contrato de manera sucesiva y que se ha experimentado poca o nula concurrencia en los distintos procesos.

“Solo en tres ocasiones se presentaron otras empresas, sin que ninguna de ellas resultara adjudicataria de los respectivos concursos. Y únicamente en 2014 otra empresa ha resultado adjudicataria de un lote del contrato”, explica el organismo a través de un comunicado.

Cabe recordar, que la autoridad de competencia española sancionó en el año 2000 a las cuatro principales empresas del sector por repartirse los concursos públicos de los servicios de viajes en el marco de programas sociales para la tercera edad, actuación que volvió a producirse en 2016 cpn sendas multas a Halcón y la entonces Viajes Barceló (Imserso: Globalia y Barceló evitan una multa de 1,8 millones).

RECOMENDACIONES

Es la primera vez que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social somete a consulta de la CNMC los borradores de pliegos de esta licitación cuyo valor estimado, para las próximas temporadas, se acerca a los 1.200 millones de euros (Imserso: los pliegos despejan la incertidumbre del sector).

Según el organismo que regula la competencia, “los pliegos aprobados han obviado muchas recomendaciones de mejora propuestas por esta Comisión en especial, cuestiones claves, como el diseño de los lotes, que favorecerían la competencia efectiva”. Con todo, la CNMC insta al Ministerio a introducir estas mejoras en licitaciones futuras:

- Realizar estudios rigurosos de mercado ex ante y evaluaciones ex post con el objetivo de promover un diseño de las licitaciones de manera competitiva y que consiga maximizar la eficiencia económica.

- Rediseñar los lotes de manera que no engloben todos los servicios de manera centralizada (comercialización, alojamiento, transporte, asistencia sanitaria, seguros y animación socio cultural). Se ha constatado que esta fórmula no ha favorecido la concurrencia, por lo que se recomiendan diferentes opciones, destacando su aumento y reconfiguración en lotes por actividades económicas diferenciadas.

- Con los precedentes sancionadores por conductas anticompetitivas en el marco de convocatorias pasadas, se recomienda mantener especial sensibilidad en futuros concursos y tener presente las previsiones aplicables a la participación de UTEs recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público y las condiciones para su justificación desde la óptica de la Ley de Defensa de la Competencia.

- Justificar la determinación de los precios unitarios que sirven para el cálculo del presupuesto de licitación y mayor justificación de los costes que lo conforman.

- Revisar los umbrales de solvencia económica y financiera, así como la solvencia técnica y profesional, para promover la mayor participación de empresas en el concurso. También se sugiere mayor clarificación en relación con la habilitación profesional requerida a las licitadoras.

- En cuanto a la valoración de las ofertas, se recomienda dotar de mayor peso a la variable precio, y reconsiderar el peso y la determinación de otros criterios relacionados con la calidad de la oferta, así como los criterios para la determinación de las ofertas anormalmente bajas.

- En relación con la condición especial de ejecución sobre el mantenimiento o generación de empleo, se considera que debería evaluarse el impacto que puede generar en las potenciales licitadoras y especificarse su control efectivo.

- Por otro lado, en los pliegos se identifican algunos requisitos impuestos a las adjudicatarias que deben especificarse para proporcionar seguridad jurídica y evitar problemas de discrecionalidad técnica excesiva por parte del órgano de contratación.

- Finalmente, se recomienda realizar un uso restrictivo de las prórrogas e incluir en los pliegos una cláusula que advierta de las consecuencias sancionadoras y penales ante incumplimientos de la normativa de defensa de la competencia.