Incautan en casa de Díaz Ferrán un kilo de oro y 150.000 euros

La Policía ha encontrado un kilo de oro y 150.000 euros en metálico en el registro practicado en la casa del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, 400.000 euros en el domicilio del empresario valenciano, Ángel de Cabo y más de un millón de euros, también en metálico, en el domicilio de otra de las detenidas, Susana Mora, que ejercía como secretaria, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.  Además los agentes han encontrado también en casa de Díaz Ferrán han intervenido a los detenidos varios coches de alta gama, según las mismas fuentes consultadas.

Según informaron a Efe fuentes jurídicas, la Audiencia Nacional ha seguido desde verano la pista de la transmisión de fincas e inmuebles situados en el extranjero y en España, para los que se han utilizado sociedades del entorno de Ángel de Cabo, administradas por su cuñado, Teodoro Garrido, y por supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.

Entre esas operaciones de ocultación de bienes figura la de un chalet con una finca de 1.248 metros cuadrados situados en el municipio de Calviá (Palma de Mallorca), que en teoría pertenecía a Díaz Ferrán y que salió de su esfera a través de una operación en la que participó la sociedad Quatre Bras. Esa compañía habría colocado en noviembre de 2011 la finca a la empresa Implantación de Proyectos, a lo que hay que unir dos locales y dos valiosos pisos situados en el Barrio de Salamanca de Madrid, que también habrían sido ocultados con la misma operativa.

Asimismo, Díaz Ferrán también se habría deshecho a través de sociedades interpuestas de otra vivienda unifamiliar en Calviá e ingresado el importe de la operación en cuentas en el extranjero gracias a la colaboración de Ángel De Cabo. Entre las operaciones potencialmente delictivas también destaca el cambio de control de los apartamentos que tenían en el Hotel Plaza de Nueva York dos sociedades de Díaz Ferrán, Holdisan Inversiones New York y Holdisan Central Park, sobre los que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional no ha conseguido, de momento, más detalles.

Según fuentes jurídicas, dentro de la investigación también se comunicó la pignoración a favor de terceros de la indemnización que podría recibir la matriz de Marsans, Teinver, del Estado argentino por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid, publica El Economista, había ordenado en mayo de 2010 que se embargaran esos derechos de cobro a favor de la empresa de leasing de aviones, ILFC, pese a lo cual Ángel De Cabo los cedió supuestamente en favor del banco irlandés Burford.

La primera actuación que ordenó la Audiencia Nacional dentro de las investigaciones fue el bloqueo, el pasado mes de junio, del yate de 27 metros de eslora que tenía el expresidente de la CEOE y que pretendía exportar fuera de la Unión Europea para evitar su embargo. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Meliá, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, que reclaman más de 45 millones de euros a Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual, que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) por el aluvión de reclamaciones de los acreedores de Marsans.

La denuncia presentada por Meliá y Orizonia, representados por el despacho de abogados Ashurst, y AC Hoteles y Pullmantur, representados por Pablo Chillón, daba cuenta de numerosas transmisiones de activos que fueron detectadas en parte por las administraciones concursales que supervisan los concursos de acreedores como personas físicas de Gerardo Díaz Ferrán y de Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio.

El juez Velasco también investiga si los denunciados disponen de activos inmobiliarios en el extranjero que estarían ocultando a los acreedores y los administradores concursales, para lo cual se cursarán comisiones rogatorias a Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia. De igual modo, se estudia si Díaz Ferrán y Pascual llevaron a cabo la cesión ficticia de bienes muebles a Posibilitum.

La investigación se abrió a partir de una denuncia presentada por el bufete de abogados Ashurst en nombre de las cuatro empresas mayoristas, que reclaman más de 45 millones de euros a Díaz Ferrán y a Pascual después de que ambos se declararon en concurso de acreedores por las reclamaciones a Marsans. Los denunciantes acusaban a Díaz Ferrán y su socio de llevar a cabo "un deliberado, sistemático, doloso y perfectamente planificado proceso de alzamiento y ocultación apresurada de sus bienes personales con la finalidad de intentar eludir sus innumerables e importantísimas obligaciones de pago con respecto a sus acreedores".