Iure Abogados presenta una querella contra de Cabo, Losada, Díaz Ferrán y Pascual

Uno de los acreedores del grupo Marsans ha presentado la primera querella contra el nuevo propietario, Ángel de Cabo, y su mano derecha, Iván Losada, por su presunta mala gestión al frente del conglomerado, que podría constituir un delito de alzamiento de bienes y de agravamiento de la situación de insolvencia.

Según el escrito, que será analizado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, también figuran entre los querellados los antiguos dueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, que ya afrontan otros procesos penales por supuesta apropiación indebida de los fondos del grupo turístico.

Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual vendieron sus empresas a Posibilitumm Business, controlada por Ángel de Cabo, que se ha hecho también con el control de Nueva Rumasa, justo antes de que fueran declaradas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en junio de 2010.

Según publica el diario Expansión, la querella presentada por el acreedor, que a día de hoy reclama unas deudas de 1,38 millones de euros, se basa en las irregularidades detectadas por la administración concursal de Marsans y que fueron reflejadas en el informe provisional de situación patrimonial presentado en diciembre de 2010.

La querella, redactada por Iure Abogados, recuerda la trayectoria de Ángel de Cabo, que ha cooperado con empresarios "en todas las operaciones necesarias para eludir el pago de los acreedores, desviar los activos de la empresa y descapitalizar la empresa dentro del concurso de acreedores".

En concreto asegura que De Cabo obliga a las sociedades que se han acogido a un proceso de insolvencia a contratar personal de Posibilitumm que va "realizando operaciones ilícitas dentro del procedimiento concursal, otorgándoles una apariencia de licitud que es falsa, pues además de agravar la insolvencia de la empresa la van descapitalizando".

Iure Abogados subraya que esta forma de actuar se ha llevado a cabo en otras empresas en las que ha intervenido Ángel de Cabo, como prueba de que su mano derecha Iván Losada sea administrador en 26 sociedades, mientras que Jesús Alonso Galindo y Leoncio Jacinto Ciudad Morano, dos de sus hombres de confianza, aparecen como administradores en 18 y en 19 compañías, respectivamente.

Según la administración concursal de Viajes Marsans, a todos ellos se les asignaron salarios "extremadamente altos", que en el caso de Losada ascendían a 500.000 euros brutos; en el de Jesús Alonso a 265.831,92 euros anuales y en el de Leoncio Jacinto Ciudad Morano, 136.527,6 euros.

A esta actuación se añade la salida de efectivo de Marsans por importe de 1,15 millones de euros en junio de 2010, a veces, a destinatarios desconocidos. En otras ocasiones, esos fondos fueron a parar directamente a empresas vinculadas a Ángel de Cabo, como el despacho de abogados Aszendia, que recibió 200.000 euros sin que conste una factura por el asesoramiento prestado a Marsans en su proceso de insolvencia.

A estas supuestas irregularidades, constitutivas de un teórico delito de agravamiento de la insolvencia, habría que sumar un posible alzamiento de bienes, ya que los directivos de Marsans, designados por De Cabo, vendieron la filial brasileña sin "dar razón del paradero" de los 1,44 millones de euros que anunciaron que habían obtenido.

IURE Abogados considera que Díaz Ferrán y Pascual cometieron supuestamente un delito de insolvencia punible y también de agravamiento de la insolvencia del grupo, a lo que hay que añadir un posible delito de estafa.

Por ello, el escrito solicita que comparezcan como testigos, entre otros, los miembros de la administración concursal de Marsans y los consejeros de Viajes Marsans, entre los que destaca un primo del Rey, su alteza Real D. Carlos de Borbón Dos Sicilias, y el exvicepresidente primero de Banif Emilio Novela.