La gestión de los permisos de entrada a España se ha convertido en un caos desde que este servicio lo asumiera la empresa india BLS International Services. Así lo publica El Condifencial haciendo referencia a las quejas del personal consular y de los solicitantes de visados que han vivido, entre otras cosas, colas interminables, esperas que caldean los ánimos hasta requerir la intervención policial, páginas web en las que es imposible concertar una cita o que presentan tarifas contradictorias y oficinas cerradas hasta nuevo aviso.
A mediados de diciembre de 2016, BLS International Services se hizo cargo de la gestión de la mayor parte de los cerca de un millón de permisos de entrada que concede al año el Ministerio de Exteriores. El servicio, externalizado desde 2006, fue adjudicado a finales del verano pasado a esta compañía salpicada por escándalos judiciales como la filtración de más de 4.000 ficheros personales o el cobro de servicios no acordados; y a la que otros países han retirado la confianza en los últimos años. La propia embajada india en España, en una decisión ratificada por la Corte Suprema de Nueva Delhi, ha cancelado su colaboración con BLS, acusándola de incumplir los compromisos adquiridos “en un 70%”.
En el caso de España, el contrato de cinco años firmado el pasado mes de diciembre con el Ministerio de Exteriores asciende a 175 millones de euros anuales por dar servicio en 37 países y 53 localizaciones. El dinero, en cualquier caso, no sale de los Presupuestos Generales del Estado, sino de lo que la propia empresa recaudará cobrando las tasas de gestión de visados.
El servicio que BLS presta consiste en la gestión previa y posterior a la obtención del visado para entrar a España, es decir, atiende a agencias y personas que quieren viajar a nuestro país, recoge la documentación, toma los datos biométricos y manda toda esta información a los consulados, que son los que se encargan de conceder o denegar la solicitud.
En agencias de viajes y entre el personal consular consultado por el citado medio se repiten quejas parecidas. Lamentan, entre otras cosas, que no dispone de personal cualificado ni de oficinas físicas para recibir a los solicitantes, o lo hacen en espacios improvisados como pasillos u oficinas compartidas. En varias de las 53 localizaciones designadas ni siquiera están dando atención al público (por ejemplo, en Casablanca, Argel, Santo Domingo, Filipinas, Indonesia o Bahréin). Y en otras plazas, como Bangkok, se opera desde localizaciones temporales.
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