La última sorpresa del descuento de residente para los viajeros

La historia de la gestión de los descuentos de residente para los viajeros con residencia en las Baleares o Canarias es un asunto menor en el conjunto del país, algo que afecta más bien poco a un grupo de ciudadanos bastante reducido. Sin embargo, la actuación pública es tan absurda y ridícula que puede utilizarse perfectamente para retratar la incompetencia con la que se mueven nuestras instituciones, impotentes para hacer algo tan intrascendente como aplicar un descuento en unos viajes.

El asunto, sencillísimo de entender, es que los viajeros con residencia en esos dos archipiélagos tienen derecho a un descuento del 50 por ciento en los viajes que hacen a la Península o entre las islas. Hasta ahí, como sólo es cuestión de escribir en un folio que se aprueba esta subvención, todo normal. El desastre sin paliativos empieza cuando se trata de poner en práctica el descuento.

Vean qué historia más caótica.

Inicialmente, durante muchos años, se exigía que los viajeros presentaran un certificado especialmente expedido por su ayuntamiento de empadronamiento. Como esta exigencia se introdujo a la vez que propio descuento, fue aceptada de buen grado. Mucho más adelante, el Gobierno decide que en lugar de este certificado, que es ciertamente engorroso para el ciudadano, bastaría con exhibir el DNI, siempre y cuando en él constara el domicilio en los territorios beneficiados. En caso contrario, había que presentar el certificado anterior.

Se supone que el Gobierno adopta una decisión de este tipo tras un análisis cuidadoso de los riesgos que implica este cambio, tras analizar informes de cada una de las áreas implicadas en el proceso. Y, desde luego, los inconvenientes no debieron de ser graves, desde el momento en que durante mucho tiempo bastaba con mostrar el DNI para beneficiarse del descuento.

Pero un buen día, el Gobierno, tras estudiar otros informes, decide rectificar y dar marcha atrás, afirmando que ya no bastará con el DNI, sino que será necesario presentar un certificado en papel, el cual se podrá bajar por Internet, a partir de un documento PDF. La cosa tiene su miga, porque como ustedes saben, España tiene un tipo de DNI que es de los más modernos de Europa, con un chip inteligente capaz de almacenar infinidad de material. Eso dicen, porque en el caso de mi DNI al menos, nunca nadie jamás lo leyó ni le cargó ninguna información. Podría perfectamente no tener memoria, porque si la tiene, está virgen. Sin embargo, ese documento que pagamos como hiperseguro, expedido por alguien tan poco sospechoso de falsificar datos como es la Policía, no le sirve al Gobierno. En su lugar, obliga al uso de un papel bajado de Internet que la gente que entiende dice que se puede falsificar por parte de cualquiera que tenga un mínimo de conocimientos.

Esta situación estrambótica, donde el Gobierno no se fía del Gobierno, puesto que al fin y al cabo el DNI lo expide el ministerio del Interior, tenía que acabar de aquí a unas semanas, cuando tras muchos informes e idas y venidas, se introduce un nuevo sistema informático que sí va a vigilar como toca el funcionamiento de todo el sistema. Yo pensaba que ya no volvería a escribir más de este proceso bastante ridículo, porque con el nuevo sistema se suponía que, al fin, terminaríamos con esta chapuza.

Si esto fuera un relato de ficción, ya no me atrevía a enredarlo más. Pero como la realidad supera la creatividad de la mente más prodigiosa, el Gobierno establece ahora que sí, que va a entrar en funcionamiento un sistema informático nuevo, denominado Sara, pero que pese a ello hay que seguir llevando el certificado de residente “por si falla el sistema”. Como se ve, se trata de un avance que los ciudadanos van a agradecer con auténtica devoción, porque no siempre a alguien se le ocurre una idea de tal estupidez. ¿Para qué queremos sistema informático alguno si resulta que hemos de viajar con el papelito de marras, por si falla todo?

Después de todo esta ceremonia ridícula, al final, ¿saben sobre quién descansa la responsabilidad de determinar si el viajero ha mostrado o no el certificado y si es correcto o no? Pues sobre un jovencito o jovencita que está interino en el handling de una compañía, que tiene una formación adquirida en una tarde o dos, que tiene una retribución mínima y que en muchas ocasiones trabaja bajo la enorme presión de hacer que el avión rote con la mayor velocidad posible, y a quien lo último que le preocupa es comprobar exactamente lo que dice el certificado.

A mí este episodio, propio de país bananero, no me parece importante en sí, sino como síntoma de la credibilidad de todos los informes que se manejan en el Consejo de Ministros o como alerta en relación al tipo de ideas que circulan por las anquilosadas neuronas de algunos. ¿Cómo se puede gestionar una red compleja como es Aena, si no tras veinte años no se es capaz de tener un sistema que controle correctamente los descuentos de residente? ¿En que manos estamos, si un asunto tan simple no sabemos hacerlo operativo sin organizar un festival como el que estamos viendo?