Los abogados de la Administración Concursal de Orizonia acusan a Globalia de haber actuado de “mala fe” en la compra de la cadena hotelera Luabay por la situación de “crisis y estrés” que vivía el grupo turístico.
En el mismo juzgado en el que compareció Juan José Hidalgo el viernes pasado, donde el empresario aseguró que la compra de Luabay había sido una “locura” y un “mal negocio” que le ha hecho perder dinero, la defensa del quebrado grupo ha remarcado que la operación se produjo “ante una más que previsible perspectiva de concurso” por la “asfixia económica” de la compañía, que se encontraba con una capacidad de negociación reducida por esta causa.
El letrado Raimundo Zaforteza, defensor de Globalia, ha rechazado la existencia de un contrato de intermediación valorado en 6,7 millones de euros, tal como asegura la administración de Orizonia. Según el representante legal de Hidalgo, el documento es nulo y ha sido “inventado para vestir un santo absolutamente falso”.
Ante el juez Víctor Fernández, titular del Juzgado Mercantil número 1 de Palma, los abogados de la compañía turística que presentó concurso de acreedores en 2013 han remarcado que Orizonia sufrió un “perjuicio” por la enajenación de su división hotelera y que los hechos han quedado “perfectamente acreditados”.
El próximo 13 de febrero comienzan los juicios por la sección de calificación del proceso concursal. Serán ocho jornadas en las que la acusación intentará que los gestores de las sociedades de Orizonia o, en su defecto, los fondos que los nombraron, indemnicen a los acreedores, entre los cuales hay dos grupos de empleados. La Fiscalía pide hasta 160 millones de euros en compensaciones económicas.
No, como en los residentes.