En febrero de este año, el magistrado Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, dictó un auto en el que afirmaba que Ángel de Cabo, actual propietario del quebrado grupo Marsans, había incurrido en “prácticas de extorsión, coacción y amenazas a administradores concursales” de Nueva Rumasa y había pactado con José María Ruiz Mateos el reparto del dinero resultante.
Ahora, la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción creen que el empresario valenciano ha podido hacer lo mismo con los administradores de Marsans, la abogada Antonia Magdaleno, los economistas Pedro Tortosa y Rafael Martín Rueda, y el ex magistrado Edorta Etxarandio Herrera, según publica El Economista.
Los investigadores están prácticamente convencidos de que el considerado testaferro de Gerardo Díaz Ferrán, ex co presidente de Marsans, ha intentado sobornar a la administración concursal del conglomerado turístico que suspendió pagos en 2010.
En otro orden de cosas, en el escrito que Díaz Ferrán envió en diciembre de ese año a los administradores para explicarles las causas de su insolvencia, el ex presidente de la CEOE afirmó que hipotecó todos sus bienes personales directos e indirectos para “salvar los miles de puestos de trabajo que dependían de sus empresas”.
En el mismo documento, cuyo contenido ha sido publicado parcialmente por Vozpópuli, el ex dueño de Marsans culpaba de la quiebra del grupo a “la crisis mundial, la escasez de crédito general que sufría España y las mayores garantías que pedían las entidades financieras”. Gerardo Díaz Ferrán también aseguró que debería “haber cerrado empresas o grupos deficitarios anteriormente”, como le aconsejó “su grupo de directivos”, para evitar la debacle sucedida.
De Cabo y otros cuatro imputados han presentado recurso contra la fianza impuesta por el juez Eloy Velasco en la Operación Crucero. Se espera que Díaz Ferrán haga lo mismo.
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