Miles de agencias, en jaque por el registro documental

Las agencias de viajes mantienen la lucha por tumbar el polémico Real Decreto 933/2021, que las obliga al registro y comunicación de datos de las reservas. El próximo 1 de octubre se pondrá a fin a la moratoria si nada lo remedia, y el temor al impacto que puede tener en los intermediarios va in crescendo (El registro documental vuelve a encender las alarmas en las agencias).

En declaraciones a Preferente, el presidente de Fetave, César Gutiérrez, insiste en que “no tenemos información sobre lo que va a suceder después de esta fecha, lo cual es muy alarmante”. A su juicio, “supondrá una carga enorme para miles de agencias, que tendrán que destinar gran parte de la jornada de alguno de sus trabajadores únicamente para realizar esta comunicación”.

En este sentido, lamenta que “estas medidas obligan a las agencias a recopilar y comunicar datos que ya son proporcionados por otros operadores, generando un coste adicional y afectando negativamente la productividad y competitividad del sector. Además, vulneran principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea, incluida la protección de datos personales y la privacidad”.

Por su parte, el presidente de Acave, Jordi Martí, avisa que “las agencias carecen de medios suficientes para hacer frente a esta obligación”, ya que “la mayoría son pymes y micropymes, las cuales se verían totalmente impedidas a realizar una integración tecnológica para la comunicación máquina a máquina de este gran volumen de datos que les exige la nueva normativa, viéndose abocadas a realizar una comunicación manual de estos datos” (“El registro documental sigue siendo de imposible aplicación en las agencias”).

Esta situación les obligaría a “afrontar importantes costes de personal sólo para poder dar respuesta a esta burocracia innecesaria, que en los casos de viajes de grupos y de estudiantes son extremadamente complejos”.

Ambos directivos coinciden en que “las agencias de viajes deben quedar excluidas de esta obligación”. “Es totalmente desproporcionado que el Gobierno español haya realizado una definición extensiva de estos sectores, incluyendo así a las agencias de viajes, cuando éstas no prestan ni el servicio de hospedaje ni el de alquiler de vehículos”, concluye Martí.