España ha decidido tomarse por fin en serio actuar contra la oferta turística ilegal que difunde el portal Airbnb. La Dirección General de Consumo acaba de abrir un expediente sancionador contra Airbnb por publicar miles de pisos turísticos ilegales durante años, a pesar de las muchas peticiones que se han trasladado desde comunidades autónomas sobre los efectos perniciosos que producen en el precio de la vivienda este tipo de oferta al margen de la ley. (Consumo abre expediente sancionador a Airbnb por publicar pisos turísticos ilegales)
La multa a la que se enfrenta Airbnb puede multiplicar por seis el beneficio que haya conseguido por difundir los pisos turísticos ilegales. La plataforma ha hecho caso omiso durante años a la necesidad de filtrar los anuncios y solicitar que la oferta que promovía contaba con todos los permisos reglamentarios. "Airbnb siempre pide a los anfitriones que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales antes de anunciarse en la plataforma", defiende la plataforma.
Consumo ha aportado en la denuncia un listado de anuncios de pisos turísticos ilegales. Durante años, Airbnb ha formado parte del debate sobre la complicada situación de la vivienda en España, pero nunca hasta ahora se había decidido actuar seriamente contra este portal por distorsionar el mercado publicando oferta turística no reglada. Parece evidente que Airbnb ha cometido errores, voluntarios o involuntarios, en sus filtros internos cuando se atreve a publicar chabolas con vistas al mar o tiendas de campaña para sus potenciales clientes. (Pisos turísticos ilegales: la necesaria complicidad de las plataformas)
A diferencia de España, otros países (o grandes destinos turísticos) hace tiempo que han actuado contra Airbnb y también contra otros portales menos relevantes que también publican oferta ilegal.
Por ejemplo, Airbnb difunde más de 95.000 anuncios en la ciudad de París, pero para poder publicarse en este portal los parisinos deben registrarse en el ayuntamiento de la capital francesa. Pero hay límites: existe un máximo de 120 días al año para alquilar estas residencias. Además, el Ayuntamiento de París ha creado una unidad dedicada a perseguir los alquileres ilegales y multar a los infractores.
Desde hace unas semanas Florencia también ha prohibido que se publiquen más anuncios de Airbnb y otros alquileres vacacionales de corta duración. Otras ciudades italianas se están planteando aplicar normas restrictivas similares a los portales de viviendas vacacionales.
En Berlín se han aplicado normas estrictas contra Airbnb. Inicialmente prohibió a este portal difundir anuncios de la ciudad. Ahora se aplican normas muy estrictas y las multas son muy elevadas contra los infractores. En Ámsterdam, los anfitriones sólo pueden alquilar sus propiedades un máximo de 30 noches al año. Todo lo que supere esa cifra requiere un permiso para estancias de corta duración.
En Portugal ya no se dan más licencias para Airbnb. La situación del país luso es parecida a la de España. Los alquileres para residentes se han disparado y se responsabiliza a la actividad de los pisos turísticos. Portugal ofrece exenciones fiscales a todos aquellos propietarios de pisos Airbnb que se reconviertan a viviendas residenciales.
En Nueva York es imposible alquilar un piso turístico en Airbnb durante un periodo de menos de 30 días. Además, un número creciente de ciudades y estados de EE.UU. también están endureciendo la normativa sobre Airbnb.
En Singapur han dado un paso más contra Airbnb. La plataforma es prácticamente ilegal en la ciudad asiática ya que solo se pueden publicar alquileres a partir de tres meses.
No hay ninguna duda de que Airbnb es un negocio boyante y que el portal buscará cualquier atajo para seguir ganando dinero. De hecho, durante los primeros meses de 2024 obtuvo unos ingresos de 8.007 millones, un 12 por ciento más que un año antes, con un beneficio de 2.200 millones. El portal estadounidense publica ocho millones de anuncio y su último invento para seguir facturando más dinero ha sido crear una red de coanfitriones, formada por propietarios de pisos que gestionarán inmuebles de terceras personas que no dispongan de tiempo para explotar sus viviendas turísticamente. A partir de ahora no lo tendrá tan fácil en España.
Todo eso debe ser porque Airbnb hace un destrozo en el mercado de la vivienda