Alquiler turístico: Hacienda crea un modelo de renta para prevenir el fraude

Hacienda continúa poniendo cerco al alquiler vacacional ilegal con la creación del Modelo 179 que deberán presentar todos los intermediarios en los alquileres vacacionales, ya sean particulares o empresas, en su declaración de la renta (El Gobierno da el paso: ultima una orden ministerial para un cerco fiscal a Airbnb).

El modelo ya está recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y establece qué tipo de datos se deben proporcionar y con qué periodicidad, así como el objetivo de la Agencia Tributaria que no es otro que prevenir el fraude fiscal, publica el portal Idealista.

El Modelo 179 debe ser presentado por “las personas o entidades que, constituidas como plataformas colaborativas, intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información, con independencia de que impongan o no condiciones del servicio, como precio, seguros, plazos u otras condiciones contractuales”, explica el documento de Hacienda.

Asimismo, detalla que dicho modelo se deberá presentar una vez por trimestre, aunque con una excepción: todas las intermediaciones que se lleven a cabo en 2018 (es aplicable desde el pasado 1 de enero) deberán presentarse a la vez, entre el 1 y el 31 de enero del próximo año, para “facilitar el plazo de adaptación de los sistemas de información al contenido de la nueva obligación”. A partir de entonces, el plazo pasará a ser trimestral.

Entre la información que solicita el Modelo 179 está: identificación del titular o titulares de la vivienda, identificación del inmueble (dirección completa) con especificación de la referencia catastral, en el caso de que la tuvieran asignada, número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos, importe percibido, en su caso, por el titular de la vivienda y número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de uso de la vivienda, entre otros datos.

Si no se presenta la declaración y Hacienda manda un requerimiento, la infracción tendría una multa que podría alcanzar los 600.000 euros.