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EDICIÓN ESPAÑA

El Govern acepta revisar toda la ley turística

Aptur critica el techo de plazas del Gobierno balear

La patronal de Apartamentos Turísticos de Baleares (Aptur) considera “un grave error” que el Gobierno balear apueste por mantener el techo de plazas que existe en la actualidad en el borrador de las modificaciones que prevé en la Ley Turística para regular el alquiler vacacional, publica El Mundo.

 

La directora general de Turismo de Baleares, Pilar Carbonell, y el presidente de Aptur, Juan Estarellas, mantuvieron, el viernes pasado, una reunión en la que la mano derecha del conseller transmitió que el Gobierno está dispuesto a revisar todo el texto del alquiler vacacional, excepto el techo de plazas. Según afirmó Estarellas a la salida, Carbonell le detalló de manera pormenorizada la futura norma y le explicó los puntos que no habían quedado claros. Y al mismo tiempo, le dejó claro que “todo es negociable y todo es modificable”, pero con la salvedad del techo de plazas, que el Gobierno no tiene intención de tocar, ya que considera necesario establecer un límite para no seguir alimentando la saturación turística que viven las Islas durante la temporada alta en los últimos años.

 

Aptur ya comentó que con esta medida no se da respuesta “en absoluto” a la realidad del mercado turístico, ya que, según sus cálculos, se deja fuera de la legalidad a cerca de un 50% de la actual oferta de alquiler vacacional, unas 22.000 de las 45.775 viviendas que en la actualidad están dedicadas a esta actividad. En total, unas 88.000 de las más de 125.000 plazas que en estos momentos se están alquilando de manera ilegal en las Islas.

 

Pese a no lograr ningún compromiso en la cita, Estarellas volvió a insistir en la importancia de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) a la hora de esquivar la normativa regional -y ya de paso la ecotasa- tal y como viene sucediendo en los últimos tiempos en Baleares. Y recordó que desde su asociación, consideran que la capacidad que el borrador otorga a las comunidades de vecinos para permitir o no la actividad en un determinado edificio, no se ajusta a derecho.


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