La regulación de las viviendas turísticas cobra una creciente importancia en las agendas de los dirigentes políticos. En los últimos meses, son muchas las normativas que se han puesto en marcha, tanto desde las comunidades autónomas como desde el Gobierno central, para controlar un negocio que está provocando una crisis habitacional sin precedentes, disparando el precio del alquiler residencial (El desmadre de las viviendas turísticas en España, al detalle).
Haciendo un repaso de algunas de ellas, una de las más contundentes ha sido Madrid, que avanza en un plan de acción que defiende la suspensión temporal de las licencias municipales con carácter inmediato; el refuerzo de la plantilla de inspectores; y la publicación de un listado oficial de VUT con licencia y su ubicación. Asimismo, castigará con multas de hasta 100.000 euros a aquellos que se salten la normativa (Mano dura contra los pisos turísticos ilegales en Madrid).
Por su parte, Baleares ha dado luz verde a una nueva ley que otorga potestad a los consells para aplicar medidas cautelares en casos de establecimientos sin licencia, siendo posible la clausura de los mismos. Asimismo, para paliar la falta de vivienda, permitirá que los pisos o parcelas de uso turístico que estén obsoletos puedan convertirse en viviendas residenciales.
En el caso de Canarias, ultima la puesta en marcha de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. También permitirá a los ayuntamientos limitar las viviendas turísticas, que sólo se autorizarán si son compatibles y no afectan a la vivienda residencial, teniendo en cuenta el planeamiento urbanístico.
De igual manera, la Junta de Andalucía aprobó un decreto para luchar contra el modelo Airbnb, aunque muchos actores del sector lo ven insuficiente. La línea es similar a la de los mencionados destinos, cediendo a los municipios la potestad para que limiten el número máximo de este tipo de alojamiento por edificio o sector. Igualmente, las viviendas no se dedicarán al uso turístico cuando así lo decida por una mayoría de 3/5 de los propietarios de una comunidad.
Valencia ha sido una de las últimas en llegar, con una moratoria municipal durante un año, prorrogable a otro más, en el que suspenderá temporalmente el reparto de nuevas licencias. “Los turistas son bienvenidos, pero queremos un crecimiento controlado”, apuntó la alcaldesa, María José Catalá.
Según estimaciones del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el 90% de las viviendas vacacionales de España operan al margen de la legalidad. La secretaria general, Bibiana Medialdea, asegura que se han detectado claras evidencias de “incumplimientos muy altos dentro del parque de alquiler turístico”, lo que ha llevado al Ejecutivo a abrir una investigación para perseguir la publicidad de viviendas turísticas sin licencia (Detectan una oleada de pisos turísticos ilegales en España).
Con la información que se recabe, va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
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Y con la okupacion ilegal no se piensa hacer nada
Ya está el asusta viejas
una cosa es la VFT (Viviendade Uso Turístico, en cada autonomia se llama de forma distinta), que se sitúa generalmente en comunidades de vecinos, y otra el Edificio de Apartamentos Turísticos.
Este último, se dedica a esta actividad en exclusividad, sin vecinos, y tiene una chapa AT en la puerta, igual que un hotel tiene la chapa H.
Las VFT realizan la misma función de alojamiento temporal sin las exigencias ni requisitos que deben cumplir los AT.
Si cada vez que se habla de VFT se ponen imágenes de una chapa AT se lleva a la confusión al lector. En conclusión, los AT son empresas o están regidos por autónomos y las VFT por particulares.
Un buen reportaje sería tratar las laxas exigencias de estos en comparación con aquellos...
Y con los inquiokupas, hay alguna accion? Porque si a los okupas e inquiokupas se les saca en 24 hrs. Sobraran pisos y bajaran los alquileres. Los propietarios prefieren tener vacios porque no hay seguridad juridica en este pais. Y los torpes de los politicos prefieren apoyar a los que no pagan antes de los que pagan impuestos.