El Ministerio de Consumo ha iniciado una investigación contra las principales gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas “engañosas” que podrían infringir la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (Consumo promete mano dura contra los pisos turísticos ilegales).
La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio liderado por Pablo Bustinduy, busca determinar si estas empresas están incurriendo en conductas que engañan o inducen a error a los consumidores, según lo estipulado en la normativa vigente.
Entre las irregularidades investigadas se incluyen “afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario”.
También denuncia la publicación de información que, aunque técnicamente cierta, podría inducir a los usuarios a tomar decisiones económicas erróneas. Este tipo de prácticas están recogidas como ilícitas en la Ley de Competencia Desleal y en el artículo 27 de la ley sobre derechos de los consumidores.
En este caso, la nueva investigación abierta se centra en las operaciones de aquellos pisos turísticos que, incluso teniendo licencia, se estarían gestionando de forma irregular según la ley anteriormente mencionada por empresas de intermediación que operan en diferentes lugares de España.
“Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha denunciado el titular de Consumo.