El Ministerio de Consumo prosigue con su persecución a la oferta irregular de pisos turísticos en el marco de su reciente investigación contra la promoción de estos alojamientos. En una entrevista concedida a Información, el ministro Pablo Bustinduy ha asegurado que habrá sanciones para aquellos que operen al margen de la legalidad (España amenaza con nuevos impuestos para los pisos turísticos).
Su intención es “restringir actividades que no sean acordes con nuestra normativa”. Entonces, “la publicidad de viviendas que no dispongan de licencia para ese uso es una práctica comercial desleal según la Ley General de Consumidores y Usuarios”. Es por ello que “podría ser perseguida y sancionada”.
En línea con esta investigación, Bustinduy tiende la mano a los principales municipios turísticos, por la vía de la FEMP, para que colaboren con la misma y poner así fin a la publicidad ilegal. “Instamos a ciudades de toda España a sumarse. Lo hacemos porque creemos en los barrios como centros comunitarios y vecinales, modelo incompatible con la especulación y el turismo sin control”, apuntó el ministro.
Cabe recordar también que el representante del Gobierno es partidario de imponer a este segmento el pago del IVA para que “tribute como cualquier actividad comercial”, ya que el hecho de estar exento no hace más que promover este tipo de negocio. Considera que “hay que incentivar que se destine la vivienda de la que disponemos al uso principal, a que la gente viva en ella”.
Estos movimientos forman parte de la ofensiva tardía del Gobierno por regular un negocio que sigue dañando al turismo. Hace unos días, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, también desveló la intención de prohibir los pisos turísticos en las comunidades de propietarios. La idea es modificar la Ley de Propiedad Horizontal y vetar estos negocios al considerar que se trata de una actividad económica (El Gobierno se plantea vetar los Airbnb en bloques residenciales).
No obstante, este último punto ya ha recibido las primeras críticas por parte de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, quien considera que todos los anuncios son “humo”. Se dedican a “echar balones fuera, lanzar cortinas de humo y arrogarse un mérito que no tienen”.
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Y de los okupas no hablan
No debe ser tpc mano dura. Simplemente que estén legalizados y tb haya cierta garantía para los consumidores y paguen sus impuestos, como los pagamos todos los demás. Y si no lo hacen pues grandes multas. Que tpc es tan difícil estando publicitados en las plataformas.
Y de las masigicaciones que producen los hoteles ???