Desplome turístico: aciertos y errores de los gobernantes

La temporada turística va a ser dramática por segundo año consecutivo en España para la mayoría del sector. El año pasado se carecía de experiencia y el verano fue el peor de la historia, pero incluso este, con las restricciones más duras justificadas en salvar la temporada alta y ya con vacunas generalizadas, una quinta ola ha estallado en el país y ha llevado a que los principales emisores dificulten una llegada masiva de viajeros a los destinos nacionales.

La responsabilidad de los gobernantes estatales y autonómicos ha sido muy criticada por el sector. En primer lugar, por ser España el país que menos ayudas públicas ha dado al turismo pese a ser el más golpeado por la crisis del coronavirus. Además, la Administración Central no ha impulsado ningún PERTE para el sector turístico, mientras sí lo ha hecho para la automoción, para la industria, para la sanidad y para la electrificación.

La gestión de la desescalada también ha sido caótica, y ha sido la desencadenante de la quinta ola, originada en Mallorca tras la permisividad de las autoridades con los botellones y los macroconciertos en plazas de toros. El Gobierno central, que ha demostrado eficacia en la vacunación, parece que se precipitó eliminando la obligatoriedad de las mascarillas, coincidiendo esta agradable noticia con la gran polémica de los indultos en Cataluña.

El gobierno central ha demostrado fracasar con una llamada 'cogobernanza', que no ha tenido el suficiente respaldo de las leyes estatales para poder controlar la pandemia sin convertirse muchas de sus medidas en ilegales. El ejecutivo estatal se ha estrellado en los juzgados en algunas de sus decisiones más fundamentales, pese a recibir el apoyo del PP por ejemplo para el Estado de alarma, luego declarado inconstitucional, o el de Vox para aprobar los fondos europeos.

La fuerte polarización política ha dificultado que las ideologías de todo el espectro tuvieran más espíritu de lograr acuerdos. La incorporación inédita en un Gobierno del ala más extremista de una ideología ha contribuido también a alejar un ambiente más conciliador. Con ello, el Ejecutivo ha optado por arriesgarse al límite legal con sus medidas, y en varias de las más trascendentes se han probado ilegales.

Las culpas han recaído sobre los jueces cuando a los gobernantes no les ha gustado el veredicto, pero el Ejecutivo sí ha conseguido anotarse un triunfo legal con un asunto muy polémico pero de gran impacto para el turismo como es el de los rescates a las aerolíneas. La Justicia en diferentes instancias ha avalado las ayudas públicas a Plus Ultra, a la que supuestamente se le atribuían unos vínculos con Venezuela que cualquiera que conocía a los impulsores sabían imposibles, pese a la intensa campaña para convencer de lo contrario con argumentos débiles.

Los rescates públicos han permitido que sectores estratégicos --la ley no habla de empresas estratégicas-- como es el de la aviación para el turismo haya podido subsistir y pasar este trago que aún no ha terminado. Este aspecto puede reconocerse entre los aciertos del gobierno junto al de la rápida vacunación, pero ninguno de ellos ha sido suficiente para salvar una segunda temporada turística consecutiva, debido a sus errores con el marco legal para dar poder a las autonomías.

Además, fiarlo todo a las vacunas se ha demostrado una estrategia insuficiente, de igual modo que los controles en las fronteras no se han demostrado eficaces, ante la propagación de la variante india o también llamada Delta. Pese al nuevo fiasco de este verano, los gobernantes insisten en un discurso triunfalista que parece alejado del sentir de la mayoría del sector, que se ha limitado a seguir las normas y a confiar en unas autoridades pese a sus reiterados pronósticos fallidos.