El Gobierno balear reconoce que la ley de alquiler turístico no incluye las consideraciones y matices del Gobierno central, algunos referentes a la legislación europea, por lo que desde La Moncloa podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad de la misma, publica Última Hora.
El Ministerio de Economía envió el pasado mes de mayo un aviso al Gobierno balear en el que alertaba de que algunas de las disposiciones que incorporaba la ley de alquiler turístico van contra la Ley General de Unidad de Mercado. El documento señalaba que el texto del Ejecutivo balear incluía determinadas consideraciones “que dificultan considerablemente” la posibilidad de comercialización de determinados modelos de alojamientos que se han implantado en los últimos años.
El único de los cuatro apartados cuestionados por Madrid que ha sufrido una ligera modificación ha sido el referente a los “criterios restrictivos” para la comercialización de las viviendas en varios ámbitos, entre los que están los contadores individuales de agua y otros suministros.
El Gobierno también cuestionaba la necesidad de que haya un acuerdo de la junta de propietarios o la prohibición de comercializar estancias en viviendas con una antigüedad determinada.
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